El fiscal Pablo Socca, quien lleva adelante la investigación por las amenazas contra la familia de Ángel Di María, brindó detalles este jueves tras la captura de los presuntos instigadores pertenecientes a la barra brava de Newells. En su declaración con los medios, el investigador judicial dijo que las intimidaciones al futbolista, que desencadenaron en el rechazo de Fideo a volver a Central, no estaba apuntaba a causar daño directo al jugador sino a generar “conmoción pública”.
“No creemos que haya habido intención de generarle un daño directo a Di María pero sí de utilizar su fama mundial para la conmoción pública. No descartamos una disputa en la barra de Newells o una confrontación con el Gobierno por las condiciones en cárceles”, comentó Socca.
Sobre la intimidación, agregó: “Pudo deberse a lograr una conmoción social, o generalizar un reclamo de condiciones de detención de los presos de alto perfil también. No descartamos que haya una multiplicidad de objetivos”.
El hecho investigado ocurrió en marzo, cuando desde un Renault Megane arrojaron un mensaje escrito con amenazas graves contra el jugador y alusiones al gobernador Pullaro, en el ingreso del country Funes Hills Miraflores, donde los Di María poseen una residencia. Días más tarde cayeron detenidos un hombre y una mujer como supuestos ejecutores materiales de la intimidación.
Este jueves de madrugada, la Policía de Investigaciones apresó en bulevar Seguí al 5300 a los dos barras que habrían encargado el trabajo: Alejandro Fiddecanti y Sergio Di Vanni, de 30 y 43 años respectivamente.
Los apresaron cuando salían del domicilio de la ex pareja de uno de ellos –delegada gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales– y subían a un Audi.
De los siete allanamientos posteriores, en otros domicilios de Rosario y en Piñero, surgió el secuestro de unos 18 millones de pesos en efectivo, ocho teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Por esto, el fiscal imputará a estos dos la semana próxima por el delito de intimidación pública en carácter de instigadores.
La acusación avanzó en los últimos 15 días, según dijo el funcionario, a partir del peritaje de los teléfonos incautados a los primeros detenidos, y de escuchas telefónicas. “Surgieron evidencias que indicaban que habrían cometido el hecho a pedido de una tercera persona y esa fue uno de los detenidos ayer”, dijo el fiscal.
“La motivación todavía no la sabemos a ciencia cierta. Son varias las posibilidades. Usamos la figura de intimidación pública porque en esa fecha se sucedían casi todos los días muchas amenazas y balaceras a funcionarios nacionales y provinciales”, finalizó.
