El fiscal Franco Carbone imputó este miércoles a Cristian “Pupito” Avalle, preso en la cárcel federal de Ezeiza, por ser considerado como el responsable de instigar las balaceras y ataques intimidatorias contra frigoríficos y el Sindicato de la Carne en las últimas semanas. La pareja del detenido, Abril Escalante Miranda, también fue imputada. Ambos pertenecientes a una banda con vínculos con Los Monos.
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Avalle se le acusó de haber encargado las balaceras contra la sede del Sindicato de la Carne, en barrio Saladillo, y la planta frigorífica Paladini, en Villa Gobernador Gálvez, y en las de Coto, Swift y Mattievich, todas en El Mangrullo y Parque del Mercado, respectivamente. Por estos hechos, hay otras siete personas involucradas como parte de la organización criminal.
Por teleconferencia en el Centro de Justicia Penal, Avalle admitió que usó un teléfono celular en aquella cárcel bonaerense pero negó que el motivo haya sido encargar los ataques. “Puede haber sido otro preso del pabellón, somos 15 acá”, se defendió. “No conozco al Sindicato de la Carne. No metan en esto a mi mamá, que es la única que puede cuidar a mi nena, ni a la flaca que me viene a ver”, agregó.
Sobre Escalante Miranda, detenida desde el domingo pasado, la hipótesis del fiscal es que ella recibía instrucciones de Avalle cuando lo visitaba en el penal de Ezeiza. Además, hay otras cinco personas detenidas y a la espera de imputación, entre ellas la madre del delincuente, quien este martes a la noche se entregó en el Ministerio Público de la Acusación. Carbone les asignó prisión preventiva domiciliaria a todas, aunque deberán aguardar 15 días en la cárcel conocida como ORDER (27 de Febrero y Las Palmeras) hasta que les lleguen sus respectivas tobilleras electrónicas.
Según la investigación, la organización de Avalle tiene alrededor de 30 personas vinculadas y disponibles para desarrollar sus negocios ilegales. Se le endilgan muchos delitos graves como asesinatos, aprietes violentos y atentados con disparos. El más resonante ocurrió el 12 de diciembre de 2022 contra la sede de Televisión Litoral SA, en avenida Perón al 8100. El motivo de los ataques a los frigoríficos no está claro del todo, pero el fiscal no descarta que haya sido un alarde de violencia para luego exigir el pago de dinero.
