El gobierno nacional prepara un decreto clave para dar inicio a un esquema de concesiones privadas sobre distintas rutas del país. La medida busca transferir a empresas privadas el mantenimiento y la gestión de estas vías, actualmente en estado crítico. Uno de los primeros casos en ser abordados será el puente Rosario-Victoria, cuya historia de concesiones fue extensa y controvertida. El llamado a licitación podría concretarse en las próximas semanas.
De acuerdo con información publicada por La Nación, la iniciativa se centrará inicialmente en el corredor vial 18, que incluye las rutas 12 y 14, así como la conexión vial entre Rosario y Victoria, correspondiente a la Ruta Nacional Nº 174, de aproximadamente 60 kilómetros. Este corredor, actualmente administrado por la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), será sometido a un proceso de readjudicación mediante licitación. Crusa, que administra este tramo desde 1990, incorporó el puente Rosario-Victoria en 2004 tras su inauguración. Fuentes gubernamentales confirmaron que el decreto para habilitar esta licitación está próximo a firmarse.
Detalles del proyecto
El esquema de licitación se dividirá en dos etapas. La primera, denominada Tramo Oriental, incluye rutas de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, además del puente Rosario-Victoria, con adjudicación prevista para abril de 2025. La segunda etapa abarca rutas adicionales y se planea concluir después de la mitad del año.
En total, se concesionarán 8.470 kilómetros de rutas actualmente gestionadas por Corredores Viales SA, sumando otras vías que hasta ahora no estaban incluidas en el sistema de concesiones, como la Ruta Nacional 33 en Santa Fe. Dentro de esta provincia, también se relicitarán las concesiones de las rutas nacionales 9 (autopista Buenos Aires-Rosario-Córdoba), 34, 19 y 33.
La situación del puente Rosario-Victoria
El puente que conecta Rosario con Victoria ha sido objeto de numerosos debates desde que se reformuló su contrato de concesión en 1996. En ese momento, el acuerdo inicial de 1990 fue extendido hasta 2018, cubriendo un total de 28 años. Sin embargo, el contrato fue prorrogado en varias oportunidades, la última de ellas hasta el 9 de abril próximo. Estas extensiones han generado críticas, como las del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), que destacó que la empresa administradora entró en concurso preventivo en 2023, lo que podría invalidar el contrato.
El integrante del Conaduv, Jorge Zatloukal, presentó una denuncia penal argumentando que las prórrogas carecen de fundamentos legales y representan una pérdida económica significativa para el Estado. “Estamos frente a un contrato vencido que se extendió sin justificación clara, lo que implica un perjuicio millonario”, señaló Zatloukal. La denuncia fue presentada ante el Juzgado Federal Nº 11 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, quien finalmente decidió desestimar la causa.
Perspectivas a futuro
El proceso de concesión de rutas promete generar polémica, ya que implica un cambio radical en la gestión de las vías nacionales. Aunque se busca mejorar el mantenimiento y la infraestructura mediante la participación privada, también surgen interrogantes sobre las condiciones de los contratos, la transparencia del proceso y los costos para los usuarios.
El puente Rosario-Victoria, con su relevancia estratégica y su historia cargada de tensiones, estará en el centro del debate en los próximos meses. Restará ver cómo avanza este esquema y qué impacto tendrá tanto para el desarrollo vial como para los usuarios finales.
