El pliego del candidato a la Corte Suprema provincial, Jorge Baclini, fue impugnado por autorizar -cuando era fiscal General de Santa Fe- la contratación directa de la licencia de un software por 53.000 dólares a una empresa “fantasma”. Este hecho es puesto a la luz por el abogado Hernán Martínez, quien extrajo los datos de la causa seguida a su cliente, el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain, acusado de licitar la compra de armas policiales con el mismo proveedor: Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.
El 2 de diciembre de 2020, como fiscal General de la provincia, Baclini firmó la Resolución N°469/2020, mediante la cual “autorizó la contratación directa con la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL la adquisición de una licencia por un año calendario, para el Organismo de Investigaciones del MPA, para realizar extracción forense de dispositivos móviles, por un monto total de U$S 53.000”, publicó Rosario 12.
Según la investigación de Martínez, el jefe de los fiscales autorizó la compra directa alegando “la excepción que prevé la ley N° 12.510 en su artículo 116, inciso c), punto 5”, que permite eludir los procedimientos ordinarios de adquisición de bienes o servicios para el Estado en caso de “exclusividad comprobada del oferente y carencia de bienes sustitutos”.
El abogado no se centra solo en el procedimiento empleado por el actual candidato a la Corte para la adquisición del software, sino en la empresa que resultó beneficiaria de la compra. Es la misma por la su cliente, el ex ministro Sain, irá a juicio en una causa por compras de armas para la Policía –que finalmente no se concretó, porque fue observada por un organismo de control- y que el fiscal del caso, Ezequiel Hernández, consideró en ese legajo como una firma “fantasma”.
Martínez planteó -además- que “al momento de la contratación directa” por parte de Baclini, “la empresa no contaba con la Constancia de Cumplimiento Fiscal que exigía la Administración Provincial de Impuestos”.
El defensor de Sain señaló también una “notoria contradicción” en el accionar de la administración pública, ya que se constituyó como querellante en la causa por la licitación de las armas en la que irá a juicio Sain, por compras que finalmente no se realizaron, mientras que por otro lado propone como ministro de la Corte al ex fiscal General que concretó una adquisición directa con la misma empresa cuestionada.
De los tres candidatos a la Corte, solo Baclini recibió impugnaciones que serán analizadas a partir del 4 de febrero por los doce integrantes de la comisión de Acuerdos (4 senadores y 8 diputados), antes de emitir el dictamen que debe ser tratado por la Asamblea Legislativa.
