El fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, presentó en la Cámara de Diputados de la provincia el último informe de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el órgano encargado de persecución del delito cuya conducción dejará la semana próxima, tras seis años en funciones. Tres afirmaciones sobresalieron en su alocución: la caída de las cifras de esclarecimiento en homicidios en Rosario en el último año, la inquietante situación en las cárceles santafesinas con la duplicación de su población en diez años y, según su diagnóstico, la falta de una política de seguridad coherente que haya perdurado en el tiempo. Un déficit de los partidos políticos que contrasta con lo que, según valoró el funcionario saliente, fue el afianzamiento del nuevo sistema penal en la provincia, iniciado en 2014.
Baclini indicó que desde que se dio la reforma del modelo de enjuiciamiento en 2014 el MPA puso el acento en delitos de persecución menos usual con anterioridad, como los económicos y los de violencia institucional. Como dato significativo destacó que las investigaciones por enriquecimiento ilícito policial están aún en trámite los que provienen del viejo sistema, a veces con 15 años de duración y con escasas condenas. “En casos actuales no hay motorización de investigaciones”, dijo.
El fiscal general saliente señaló como una zancadilla para su gestión que la Legislatura, ni bien asumió el cargo, se asignara a ella misma la facultad del régimen disciplinario para sancionar fiscales, lo que el MPA siempre señaló como una decisión para impedir que se direccionaran investigaciones hacia la política. “Me fue difícil calzarme el traje de fiscal general. Nuestro período fue atravesado por muchas cuestiones políticas. Se hizo el cambio de régimen disciplinario y fue un golpe de nocaut. Me quitaron potestades de poder crear unidades fiscales especiales. Fue muy difícil poder salir de esa situaciones críticas. Creo que lo que viene va a ser superador”, dijo. Cierta temperatura de la discordia política podía advertirse en el recinto, donde no hubo presencia de un solo senador. Miembros de esa Cámara habían sido denunciados por delitos económicos cuando impulsaron los cambios del modelo disciplinario a los fiscales.
Baclini señaló que en el crecimiento de los homicidios hay una persistente alarma para las autoridades. “Para 2002 eran 216 casos los de homicidios dolosos en la provincia. Ahora estamos en el doble con 408 casos. Rosario tiene el 70 por ciento de los homicidios de toda la provincia. Esa cantidad de casos de homicidios dolosos la incidencia de armas de fuego fue fundamental. En Rosario casi el 90 por ciento fueron causados por arma de fuego”, refirió.
También dejó traslucir que, aunque ocurre en otras jurisdicciones con policías más profesionales y eficientes, la tasa de individualización de autores de homicidios declinó en la provincia. Es más baja la identificación de autores de estos delitos. Señaló con números del informe de gestión que en 2019 fue 62% y en 2022 bajó a 41.4%. En Rosario el esclarecimiento en 2022 fue del 33,1%.
A estos guarismos los matizó con una referencia internacional. “En EEUU la tasa de esclarecimiento ronda el 50 por ciento. En Nueva York el año pasado se cometieron 468 homicidios de los cuales se esclareció el 27%. En Los Angeles fueron 400 con el 46% esclarecidos. En Uruguay el 50% se esclareció. En Rosario las tasas de esclarecimiento son actualmente bajas. Merecen un replanteo de nuestra parte pero también del trabajo policial”, afirmó.
Subrayó como un problema de hondura criminal y sociológica el alza exponencial de la población penitenciaria. “Hay que preguntarse cuántos presos estamos dispuestos a tener. Porque con el incremento que tenemos en los últimos años vamos a exceder la capacidad de poder mantenerlos. En 2022 tuvimos 9.350 presos. Actualmente tenemos más de 10 mil presos en la provincia. En 2014 cuando arrancó el nuevo sistema procesal en la provincia había 4.560 presos. El año previo, 2013 (antes del comienzo del modelo de juicio oral) teníamos 5.025 presos. El incremento desde entonces fue del 90 por ciento de detenidos”, estableció.
Sostuvo que cuatro de cada diez personas están en cárceles es por delito de robo. Un 22,2 por ciento por homicidio doloso. Un 17,2 por delitos sexuales. Y un 15 por ciento por portación ilegal de arma de fuego.
Analizó que el MPA produjo a su criterio un cambio en el perfil de la persecución penal provincial. “Se comenzó a trabajar más de cara a las víctimas y el MPA cumplió un rol clave. Fue el motor del sistema. Cuando la política de persecución estaba a cargo de los jueces todo quedaba a cargo del criterio de cada juez. Acá se trabajó con la idea de romper la selectividad penal tradicional. Apuntamos mucho a avanzar en áreas no exploradas. Se ha trabajado mucho sobre la violencia institucional, los delitos económicos, las organizaciones criminales y la criminalidad compleja. También los delitos de guante blanco”.
“No podemos desconocer la crisis de seguridad que atraviesa la provincia. Que no es exclusiva de la provincia sino de la Argentina toda y América Latina. Creemos que desde el poder político tienen que asumirse políticas específicas a largo plazo. Si bien no trabajamos en el área preventiva desde el MPA afrontamos con fuerte compromiso todo lo que se pueda en un plan de seguridad para superar la situación actual que tiene Rosario en particular y la provincia en general. Sin este plan va a ser muy difícil poder salir de la situación crítica en la que nos encontramos”.
Respecto de los recursos humanos, dijo que las fiscalías en la provincia están desbalanceadas en relación a otros distritos. “Es muy importante saber qué capacidad de trabajo o recursos humanos contamos. En Santa Fe hoy se cuenta con 628 personas en el MPA provincial”. Dijo que en otras provincias con problemáticas delictivas menos graves son más vastas las dotaciones de las fiscalías. “Córdoba por ejemplo tiene 1800 personas y en Mendoza hay 1600 personas. En Córdoba tienen además una policía judicial de 2000 efectivos”. En todo Santa Fe hay 160 fiscales. De ellos 72 están en Rosario.
Finalmente reiteró que es notoria en Santa Fe la deuda pendiente en la política de seguridad. “Estamos próximos a cumplir 10 años de la reforma. Si uno analiza ha sido una política de Estado de distintos partidos que arrancó con la sanción del Código Procesal en el gobierno de Obeid, siguió con la designación de autoridades del gobierno de Binner, fue implementada en el gobierno de Bonfatti, fue afianzada durante el gobierno de Lifschitz y ahora con el gobernador Perotti se está gestionando el cambio de autoridades, lo que es una política institucional que ha perdurado en el tiempo. Y que debe ser digno de ejemplo para el área de seguridad, que es nuestra gran demanda, donde no observamos que se tome un direccionamiento similar y que venimos reclamando”.
