El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) señala que un tercio de los residuos generados en América Latina y el Caribe termina en basurales a cielo abierto o provocando daños ambientales debido a su mala gestión y el paso del tiempo. Se trata de sitios donde se disponen residuos sólidos de forma indiscriminada, sin control de operación y con escasas medidas de protección ambiental. Al no tratarse en forma adecuada, esto pone en riesgo la salud de las personas ya que se contaminan recursos naturales como el agua, los suelos y el aire.
Según los últimos datos actualizados por la ONU, cada año, se recolectan en el mundo 11.200 millones de toneladas de residuos sólidos. El proceso de desintegración que sufren al quedar estancados en basurales repercute en la emisión de gases tóxicos. De hecho, los residuos sólidos no tratados generan el 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global.
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los problemas directos que el cambio climático trae en la propagación de enfermedades entre las personas. Por ejemplo, en los últimos meses de 2022 y en los primeros de 2023, este organismo había marcado un aumento significativo en el número de casos registrados de dengue y chikungunya en la Argentina. La problemática lejos de resolverse no hace más que agravarse y 2024 ya registra cifras históricas. Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, en lo que va de este año se notificaron 102.898 casos, mientras que, para el mismo período en 2023 se habían notificado 8.343 casos.
En este sentido, los basurales a cielo abierto implican un problema ambiental y de salud pública cada vez más grave en la Argentina y un desafío que muchas gestiones prometen solucionar pero que, en la mayoría de los casos, termina relegado. Para el 2017, el “Informe del Estado del Ambiente”, elaborado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, indicaba que existían más de 5000 basurales a cielo abierto en todo el territorio, lo que significa, en promedio, más de dos basurales por municipio, cubriendo un total de 8600 hectáreas. La situación en el país es alarmante y urge la implementación de políticas para poner un freno a la propagación de estos depósitos y erradicar los vigentes.
Cifras nacionales
La expansión de los basurales a cielo abierto en el país está intrínsecamente relacionada a un crecimiento en la generación de residuos industriales por parte de las empresas y a un muy bajo nivel de tratamiento de los mismos. Se estima que en Argentina en el último año se produjeron 18.214.675 millones de toneladas de residuos industriales, de los cuales únicamente se trató el 7,1%, lo que equivale a unas 1.293.820 toneladas. Estos datos fueron obtenidos por un estudio realizado por el Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad de Buenos Aires, que determinó, además, que casi el 93% de los residuos industriales no reciben el tratamiento adecuado.
Según los datos relevados, en el país existen 402.711 empresas responsables de la generación de residuos industriales y peligrosos, pero de este porcentaje, solo unas 33.983 firmas, es decir el 8,44%, les dan tratamiento con un proveedor habilitado. Así lo alertó el informe a partir de datos del sector que aportan la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa).
Si se toman en cuenta las cifras publicadas en el relevamiento anterior del Observatorio (mayo 2021 – abril 2022), en el país, se habían producido un total de 11.251.862 toneladas de residuos industriales y de este total, se había tratado el 9,6%, el equivalente a 1.080.029 toneladas. Esto implica que de un año a otro se generaron casi siete toneladas más, pero su tratamiento no creció en igual proporción. El saldo que se obtiene es un mayor descarte de materiales peligrosos, no peligrosos y patogénicos en el ecosistema. ¿Qué efectos trae aparejados para la salud y el bienestar de las personas?
Impacto en la salud
La presidenta de Catries, Claudia Kalinec, advirtió sobre las distintas consecuencias que tantas toneladas de basura se acumulen en los basurales: “Del 93% de los residuos que no se tratan la mayoría va a parar a estos sitios ilegales contaminando el ambiente. Este es un tema que nos afecta a todos por igual, ya que redunda en una menor calidad de vida, ya sea por el impacto directo de la contaminación, por ejemplo con la contaminación del agua, o por el humo que genera la quema ilegal de residuos en la vía pública que impacta directamente al ambiente y la salud, pero tiene consecuencias en la seguridad vial entre otras cosas. La agenda ambiental, fundamentalmente el capítulo de residuos es transversal a todas las áreas”.
Por su parte, Gustavo Solari, al frente de Caitpa, enfatizó sobre el hecho de que los basurales a cielo abierto, habitualmente, están en zonas habitadas por familias de bajos recursos, poniendo de relevancia otro problema estructural: el social y habitacional. “La gente que vive en estos lugares, muchas veces, extrae el agua de la napa freática, la que se encuentra a menor profundidad del nivel del suelo y, por ende, la primera que se contamina. También ocurre que familias construyen sus viviendas encima del suelo donde hubo un basural o sobre pisos que están rellenados con basura y la exposición a restos residuales sigue estando presente”, expresó Solari.
Otro punto no menor es que la acumulación de basura produce un deterioro en la calidad del aire que se respira. Argentina se encuentra entre los cinco países con mayor cantidad de emisión de gas metano entre 2019 y 2023 por basurales a cielo abierto, según publicó una investigación en el diario inglés The Guardian. Los datos fueron tomados en base a un análisis de satélites globales de todo el mundo, que hizo la empresa privada Kayrros. Y hay más: una evaluación global del metano publicada por la Coalición Clima y Aire Limpio (CCAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el 2021, advirtió que los vertederos y las aguas residuales representan aproximadamente 20% de las emisiones.
“No solo se contamina el aire por un proceso lento de descomposición de estos residuos acumulados, sino que hay ciudades donde los basurales están al costado de rutas o autopistas. Es ilegal pero igual sucede y ha pasado que se quemen residuos de un basural y todo ese humo que se genera afecte directamente la visibilidad de los conductores que manejan por esos trayectos, una práctica sumamente peligrosa”, advirtió Kalinec.
Los residuos industriales
En la actualidad, la ley 25.916 establece que la responsabilidad por la gestión y la disposición de los residuos domiciliarios está a cargo de los gobiernos municipales. La herramienta de control que existe para asegurarse de que cumplen con la normativa es a través de certificados que se le otorga a cada municipio por disponer los residuos de particulares en una planta habilitada.
Con las empresas sucede lo mismo que con los municipios. Deben disponer sus residuos industriales en una planta habilitada y, así, reciben un certificado de disposición final. Sin embargo, al igual que con los domiciliarios, no abundan las políticas integrales que aborden el problema desde una perspectiva provincial y también nacional, frente a los más de 18 millones de toneladas de residuos industriales anuales que produce la Argentina.
La ausencia de políticas y planes federales para llevar adelante un control y monitoreo del manejo de residuos es una de las grandes falencias que tiene hoy la Argentina, según destacaron los referentes de Catries y Caitpa. “Nuestras entidades no relevan estos datos, sabemos qué municipios y cuáles empresas llevan sus residuos a las plantas que están asociadas a nuestras cámaras. Pero es el ministerio de Ambiente u organismo ambiental de cada provincia el que debe fiscalizar y controlar la gestión de los residuos”, aseguran.
Medidas tomadas
Desde hace algunos años, a nivel nacional se vienen realizando avances en la problemática de los basurales a cielo abierto. Según destacó el Centro de Formación Ambiental de Argentina, entre los años 2019 a 2023 se inauguraron centros ambientales en las ciudades de Formosa, Moreno, Concordia, Villa María, Quilmes y Luján (este último está judicializado y se paralizaron las obras). Son obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para reconvertir basurales en centros de gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU) que permitan el reciclado, la correcta disposición de los desechos y promuevan la economía circular.
A mediados del año pasado, el ex viceministro del Ministerio de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky había anunciado una nueva línea de crédito del BID por hasta US$350 millones para la creación de más centros ambientales. Las obras iban a iniciar en las ciudades de Santiago del Estero y La Banda, con el cierre de basurales a cielo abierto y la construcción de un centro ambiental en la primera ciudad y una planta de separación y transferencia de residuos para la segunda, con obras que ya estaban adjudicadas.
En el mes de febrero, a través de un comunicado oficial, la nueva gestión a cargo de la Subsecretaría de Ambiente dio a conocer una inspección para dicho proyecto. Las autoridades ambientales informaron que la obra para la clausura del basural a cielo abierto de unas 29 hectáreas en la capital santiagueña cuenta “con un cierto grado de avance” y que se realizan tareas de saneamiento en el espacio. A su vez, equipos técnicos de Ambiente supervisan el estado de avance del centro de gestión ambiental en Villa Nueva, Villa María, que está pronto a finalizar, con un 80% de su obra completa.
