La causa Bocacha Orellano mostró un punto oscuro este viernes. Una hora antes de que comenzaran la audiencia la justicia decidió trasladarla para el próximo lunes 1 de julio, mismo día en donde el camarista Daniel Acosta -quién forma parte del trío de camaristas presentes en la apelación y quien condenaría a los policías y patovicas imputados en la causa- comenzará a gozar de su jubilación.
A raíz de esto, la familia de Orellano manifestó su descontento en las redes sociales de la asociación civil que lleva el nombre del asesinado: “¿Por qué revictimizan nuevamente a la familia exponiéndola al desgaste emocional y físico que implican estas instancias? ¿Estamos ante una desprolijidad administrativa, o acaso cabe preguntarnos con qué intencionalidad se le otorga el cese de funciones a uno de los jueces del Tribunal a pocos días de la resolución para reemplazarlo por otro que no participó ni conoce el proceso del juicio? ESTA SITUACION ES POR LO MENOS SOSPECHOSA” manifestaron.
“Exigimos transparencia y claridad al tratarse de una causa tan compleja que nos ha llevado tantos años de lucha. Pareciera que el sistema judicial está diseñado para agotar de manera extrema a las familias que buscan construir justicia. LA LUCHA CONTINUA”, agregaron.
Dentro de la misma línea, el letrado de la familia Orellano, Salvador Vera, destacó: “A nosotros nos parece que esto merece una aclaración, porque es inconsistente con la misma información que provee el decreto que informa que el magistrado cesa en sus funciones jurisdiccionales recién a partir del lunes primero de julio, con lo cual él estaría en funciones aún.”
“Esto nos resulta difícil de comprender, y en segunda medida esto nos genera algunos interrogantes por la falta de claridad del decreto, en cuanto para qué sería la nueva designación del magistrado para integrar el tribunal, si esto es a los fines solamente de convocar audiencia ‘de visu’ para conocer a los imputados y realizar un nuevo voto por lo cual entendemos que esa situación no corresponde, porque si el doctor Acosta está aún en funciones suponemos que ya emitió su voto”, agregó Vera.
Cabe recordar que en febrero de este año, ocho meses después de la sentencia por homicidio preterintencional que decepcionó a la familia de Carlos “Bocacha” Orellano, tras el juicio a los cuatro imputados por su muerte en el río Paraná; se iniciaron las audiencias de apelación.
La sentencia generó malestar en ambas partes: la acusadora apuntó a que las condenas sean por una figura penal más gravosa, ante la muerte del joven que tenía 23 años, en febrero de 2020, cuando fue a bailar al boliche de la Fluvial y luego fue encontrado sin vida en el río, dos días después; mientras que para las defensas las penas fueron demasiadas.
