Los fiscales federales Fernando Arrigo y Federico Reynares Solari solicitaron este jueves la detención y prohibición de salida del país para los policías implicados en la investigación por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco en 2014. Estas medidas se plantearon tras el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que anuló las absoluciones dictadas en primera instancia para los 17 agentes y un vecino vinculados al caso, quienes habían sido juzgados por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la comisaría 7ª de Rosario, donde el joven oriundo de Florencio Varela fue detenido antes de su muerte.
El Tribunal Oral Federal Nº 2 de Rosario programó una audiencia para el próximo viernes, en la que se avanzará sobre el futuro procesal de los acusados.
Entre los policías señalados se encuentran Diego José Álvarez, Walter Eduardo Benítez, Fernando Sebastián Blanco, Cecilia Rut Elisabet Contino, César Daniel Acosta, Enrique Nicolás Gianola Rocha, Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Belkis Elisabeth González, Ramón José Juárez, Rodolfo Jesús Murúa, Franco Luciano Zorzoli, Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar. Además, la restricción para abandonar el país alcanza también a Alberto Daniel Crespo, un vecino de la zona acusado de falso testimonio en la causa.
En su fundamentación, Reynares Solari destacó la gravedad de los cargos imputados y el riesgo de que los acusados intenten evadir la acción judicial. “La anulación de las absoluciones por parte de la Cámara Federal de Casación Penal establece parámetros que justifican estas medidas, considerando que una eventual condena podría motivar intentos de fuga antes de que la misma quede firme”, argumentó el fiscal.
El pedido del Ministerio Público Fiscal surgió a raíz de la decisión del martes pasado, cuando los jueces de Casación Daniel Antonio Petrone, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques revocaron las absoluciones previas tras analizar las apelaciones presentadas por los fiscales y los querellantes. Con esta resolución, se devolvió el expediente al tribunal de origen para que dicte un nuevo fallo, revalorizando las pruebas presentadas.
En su dictamen, Casación criticó las absoluciones previas por considerarlas “arbitrarias”, señalando que no se valoraron adecuadamente las pruebas existentes y subrayando que los casos de violencia institucional, como este, suelen desarrollarse de manera oculta y con esfuerzos deliberados por eliminar cualquier evidencia física del suceso. Además, los jueces resaltaron que el tribunal de juicio no evaluó de manera adecuada el poder ejercido por las fuerzas de seguridad, así como su control sobre la escena y las pruebas documentales relacionadas.
Este nuevo avance en la causa por la muerte de Franco Casco representa un punto crucial en la búsqueda de justicia para el joven y su familia, evidenciando el peso de los argumentos sobre violencia institucional y el deber de los tribunales de garantizar procesos judiciales imparciales y exhaustivos.
