Los seis tiros que pegaron en el frente de la escuela Rosa Ziperovich el pasado 8 de abril volvieron a retumbar, uno tras otro, en la audiencia contra cuatro imputados por siete ataques a instituciones escolares y comisarías cometidos en sólo dos meses. La filmación de ese atentado, el segundo de la saga, se transmitió este martes en el Centro de Justicia Penal ante representantes de los docentes y funcionarios provinciales que presenciaron el trámite por estos casos que desembocaron en el paro de los maestros y otros gremios del último 13 de junio. El video donde suenan las balas se recuperó del celular de uno de los implicados, quien según la acusación registró la balacera como prueba de una tarea cumplida y para cobrar el trabajo.
Al frente del grupo de acusados fue ubicado Francisco “Fran” Riquelme, preso en la cárcel federal de Ezeiza como jefe de una banda que tributa al empresario narco Esteban Lindor Alvarado y que disputa territorio en los barrios Ludueña y Empalme Graneros. Un sector de Rosario donde las víctimas de homicidios a causa de esa guerra se cuentan por decenas. Conectado a la audiencia por zoom, Riquelme estuvo a punto de hacer fracasar el trámite, que se demoró más de una hora porque se resistía a participar porque tenía una visita en el penal y porque no había hablado con el defensor público asignado.
Cuando el juez Florentino Malaponte le preguntó sus datos personales, el preso pidió hablar. En tono desafiante, dijo que no le habían informado del trámite y que no quería recibir la asistencia de la defensa pública sino de abogados particulares. El defensor público Gonzalo Armas consideró entonces que el trámite no podía avanzar sin respetar el derecho del preso a elegir su abogado.
Los fiscales Franco Carbone y Valeria Haurigot se opusieron. Dijeron que Riquelme había sido anoticiado del trámite hace diez días, que los abogados por él aludidos se negaban a representarlo y que cuenta con defensa pública en otras causas. “Esto es una maniobra dilatoria, no tiene nada que ver con el derecho de defensa. No podemos ser rehenes de personas que quieren hacer lo que se les ocurre con el sistema. Aquí vamos a tratar asuntos muy serios. Riquelme está detenido desde hace muchos años, sabe como manejarse y su desafío a los poderes del Estado es constante”, replicó la fiscal Haurigot.
En la sala escuchaban expectantes el ministro de Seguridad de la provincia, Claudio Brilloni, y el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, entre otros funcionarios además del secretario general de Amsafé, Juan Pablo Casiello. Tras esa discusión previa, tensa y dilatada, el juez decidió seguir adelante con la audiencia.
Entonces los fiscales comenzaron a exponer los siete hechos atribuidos a Riquelme como instigador desde prisión y a otros tres acusados como sus asistentes en la calle. Alexis David “Paisa” Alvarez fue imputado como el hombre que, en libertad, transmitía más allá de la cárcel las órdenes que daba Riquelme y gestionaba los recursos humanos y la movilidad para cometer balaceras. Kevin Leandro “Lombardo” o “Lombardito” Sosa fue considerado como uno de los ejecutores de esos atentados. Y Eric Gabriel Enrique, operario en una fábrica de plásticos, como quien alternaba su trabajo formal con las balaceras.
Los ataques fueron cometidos entre abril y mayo, todos con la misma mecánica y el objetivo de usar las fachadas de instituciones públicas para crear conmoción y dejar mensajes mafiosos. Pero las motivaciones difieren entre dos grupos de atentados. En una primera secuencia se ubican los ataques casi simultáneos a las escuelas José Mármol y Rosa Ziperovich del 8 de abril y la balacera del 21 de ese mes a una integrante de la banda rival. Estos tres hechos, según los fiscales, buscaban magnificar mensajes de Riquelme en su disputa con la célula de Los Monos que están acusados de dirigir desde prisión Mauro Gerez, Matías César y Julián Aguirre.
“Julián Aguirre dejá de entregar gente para que el fiscal Soca no te mande a los pabellones de alto perfil. Sapo parate de mano”, decía un cartel arrojado a la escuela José Mármol, de Larrea 330 bis, donde cinco plomos calibre 40 impactaron en la fachada. El mensaje acusaba a Aguirre, un preso que el lunes fue acusado de instigar el crimen de su propio recaudador de búnkers por brindar información al fiscal de la Unidad de Balaceras Pablo Socca. “Julián Aguirre, gato. Matías César si querés los Fonavi parate de mano. Vos sabés quién soy. Atte: la mafia”, rezaba el otro cartel. Todos estaban escritos en hojas de una carpeta escolar.
Desde esa escuela los dos atacantes recorrieron en moto unas veinte cuadras para balear la escuela Rosa Ziperovich, en avenida Sabín y Juan B. Justo. El acompañante bajó mientras el conductor filmaba. Se le trabó el arma pero lo resolvió y efectuó seis disparos. Allí dejaron otros dos carteles idénticos bajo una reja de la institución: “Julián Aguirre, dejá de entregar gente. Matías César si querés los Fonavi parate de mano. Vos sabés quién soy. Atte: la mafia”
La segunda secuencia de ataques comprende las balaceras a la escuela Rosa Ziperovich del 23 de mayo, al complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800 del 29 de mayo, a la comisaría 16ª el mismo día y a la comisaría 20ª el 30 de mayo. Estos atentados, según la investigación, fueron una respuesta a restricciones al régimen de detención que cumplía por entonces Riquelme como preso de alto perfil en la cárcel de Piñero. Por entonces la novia de Fran había intentado ingresar un celular a la cárcel y por eso le suspendieron las visitas. Los carteles, en esta segunda secuencia de ataques, iban dirigidos a los custodios que firmaron la suspensión. Luego de esos incidentes Riquelme fue trasladado a Ezeiza.
Una punta del ovillo en la investigación fue el arresto, el 9 de abril, de Kevin Sosa, detenido cuando iba en una moto Honda CC 190 con pedido de secuestro por 27 de Febrero y Provincias Unidas. Esta es la moto que, según los fiscales, se usó en los ataques a las escuelas. Dijeron que ante una orden de Riquelme desde prisión transmitida por Alvarez, Sosa y Enriquez fueron en ese rodado a las escuelas y mientras uno de ellos disparaba el otro filmaba.
En el celular de Enrique se encontraron las filmaciones de los primeros dos ataques a las escuelas. El archivo de la balacera a la José Mármol era de las 23.21. La misma hora en la que ingresó el primer llamado al 911 por los tiros en calle Larrea al 300 bis. En el video de la balacera a la otra escuela se ve cuando al atacante se le traba la pistola y su cómplice lo llama: “Vení, vení, vení”.
La seguidilla de tiros resonó con una potencia simbólica redoblada en la sala, de donde los gremialistas salieron con “una sensación muy fuerte. No sólo por los registros fílmicos tomados por los propios responsables sino por ver a los propios imputados, jóvenes marginales que padecen situaciones difíciles”, dijo Casiello.
La escuela Rosa Ziperovich, baleada dos veces, es la misma a la que asistía Máximo Jerez, el niño de la comunidad Qom asesinado el 5 de marzo por una disputa entre bandas en el barrio Los Pumitas. Según se planteó en la audiencia, una portera de la institución denunció que fue amenazada para que comenzara a vender drogas en reemplazo de un vendedor de baja escala al que habían asesinado. Le dijeron que la habían elegido a ella, que no tenía “otra opción” y que la orden venía de “arriba”. Un dato más que da cuenta de la complejidad del entramado violento y complejo en el que se dieron los atentados.
Tras largas horas de debate, los cuatro detenidos fueron imputados por actuar como instigadores o autores materiales de delitos como intimidación pública, abuso de armas, encubrimiento, amenazas, daño y portación ilegal de armas. El juez Malaponte dictó la prisión preventiva de los cuatro acusados por el plazo legal de dos años.
