Tras más de doce horas de debate, la Cámara de Diputados dio la última palabra en el prolongado y extenuante trámite legislativo en torno a los proyectos de Ley Bases y el paquete de reformas fiscales con que el presidente de Javier Milei inauguró su mandato. Con una mayoría contundente gracias al apoyo de los bloques de oposición dialoguista, la Ley Bases se aprobó con 147 votos positivos y 107 negativos, estos últimos de Unión por la Patria y de la izquierda. Otros dos diputados se abstuvieron.
Luego la Cámara baja se abocó a la votación del paquete de reformas fiscales, el cual incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, uno de los capítulos del paquete fiscal que el Senado rechazó hace dos semanas. Se aprobó con 136 votos positivos, 116 negativos y 3 abstenciones. Acto segido se votó la reposición del capítulo sobre Bienes Personales: se aprobó con 134 afirmativos, 118 negativos y 3 abstenciones.
La restitución del impuesto a las Ganancias acaparó la mayor atención por parte del Gobierno, cuyos principales referentes desembarcaron en la Cámara de Diputados al caer la tarde. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei e incluso la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, se apostaron en el despacho de Martín Menem, presidente del cuerpo, para monitorear el debate y rastrear en el radicalismo y en el bloque de Unión por la Patria los votos necesarios.
Finalmente, fruto de las ingentes negociaciones, el oficialismo logró más avales de los esperados y amplió la diferencia respecto de la votación de la media sanción original, aprobada el 30 de abril pasado, que arrojó 132 votos positivos frente a 113 negativos. De esos apoyos, tres correspondieron a Unión por la Patria: Fernanda Ávila, Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega, que responden al gobernador Raúl Jalil. Este trío también se había abstenido en la sesión de abril, al igual que Paula Oliveto (Coalición Civica), quien también votó esta vez a favor.
Quienes también sumaron sus votos positivos en esta oportunidad fueron Gerardo Milman y Álvaro González, ambos de Pro, que habían estado ausentes en la anterior sesión. Mónica Frade, de la Coalición Cívica, se abstuvo, al igual que la santacruceña Roxana Reyes (UCR), quien había votado a favor en la media sanción pero esta vez, por el impacto del impuesto en los trabajadores de su provincia, cambió su parecer.
En el radicalismo las defecciones fueron menores a las esperadas; de los 34 integrantes de la bancada, los mismos 8 que votaron en contra en abril pasado replicaron su postura en esta oportunidad: Fernando Carbajal, Carla Carrizo, Mariela Coletta, Marcela Coli, Pablo Juliano, Facundo Manes, Danya Tavela y Martín Tetaz.
“Nuestro bloque acompaña por una amplísima mayoría estos textos por varios motivos; el más importante es porque estamos de acuerdo con los contenidos -exaltó Rodrigo De Loredo, jefe de la bancada-. Delegaciones razonables, privatizaciones necesarias, un cambio en la modernización de la legislación del trabajo para que desafixie la pesada carga de la litigiosidad que cae en las pymes, un régimen de inversiones, una recuperación de un impuesto a las ganancias que nunca debió haber sido retirado”, enumeró el cordobés quien, no obstante, le recriminó al Gobierno que buena parte del ajuste fiscal que instrumenta “no lo paga la casta, sino los sectores medios y los adultos mayores”.
La sesión arrancó al mediodía. Dos fueron los dictámenes que, pasada la medianoche, se sometieron a votación. El primero de ellos fue el referido al proyecto de Ley Bases: es el menos complejo, ya que merced a un acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas –Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- consta de un solo punto, el cual propone aceptar las modificaciones que incorporó el Senado a la media sanción que Diputados votó en abril pasado.
Esta iniciativa tiene como capítulos claves la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para reestructurar organismos del Estado, el régimen de incentivos a las grandes inversiones (RIGI), un compendio de reformas laborales y la autorización para declarar sujetas a privatización a ocho empresas públicas. A regañadientes, el Gobierno y Pro debieron acceder a un planteo de Miguel Pichetto y su bloque de respetar lo acordado en el Senado y mantener fuera de la nómina de privatizaciones a Aerolíneas Argentinas, al Correo Argentino y a Radio y Televisión Argentina (RTA), las cuales estaban incluidas en la media sanción original.
Pichetto reivindicó su postura en su discurso de cierre y se la achacó a una mala praxis del oficialismo en el Senado. “Comparto la visión de las privatizaciones y habría que dar un debate ley por ley. Estamos abiertos para hacerlo. Pero no podemos hacerlo en esta ley porque el oficialismo en el Senado retiró este capítulo antes de la votación en general. No podemos insistir”, reprochó Pichetto.
El bloque de Unión por la Patria votó en contra de la Ley Bases, sin fisuras. Cuestionó varios aspectos de la iniciativa, entre ellos el RIGI, una propuesta con la que el Gobierno aspira a atraer inversiones desde U$S 200 millones a partir de una amplio y generoso abanico de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. “Si alguien piensa que el RIGI va a equilibrar las cuentas fiscales es mentira”, advirtió Máximo Kirchner. “Devasta nuestras comunidades, crea canastas petroleras y mineras y enormes desigualdades en nuestros pueblos”, alertó.
Quien salió al cruce de Kirchner fue Cristian Ritondo, jefe del bloque de Pro, quien enfatizó que el RIGI contiene cláusulas similares al contrato que firmó en 2013 el gobierno kirchnerista con la empresa estadounidense Chevron por la explotación de Vaca Muerta. “Los detalles del acuerdo se mantuvieron en secreto durante mucho tiempo, lo que generó desconfianza y acusaciones de falta de transparencia. Chevron recibió, además, condiciones financieras y fiscales muy favorables, incluyendo exenciones impositivas, garantías de ganancia, y estos términos específicos nunca fueron revelados públicamente -sostuvo-. Es mucho peor que el RIGI. Ahora vamos a ver quién lo firma, quién lo aprueba. Así que viva el RIGI en la Argentina.”
Tras la sanción definitiva de la Ley Bases, sobrevino la votación del dictamen del paquete fiscal que, a diferencia del anterior, es mixto: propone insistir en tres puntos de la media sanción original y aceptar las modificaciones que incluyó el Senado en el resto de los artículos.
Entre los capítulos a insistir figuran la restitución del impuesto a las Ganancias que, de aprobarse, afectará a casi un millón de trabajadores asalariados y, en paralelo, beneficiará a la Nación y a las provincias con una suba de la recaudación que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) orillará 0,43 del PBI.
Esto explica las posiciones divididas de los legisladores en torno a votar una vez más por la reposición de este tributo a la cuarta categoría que, vale recordar, fue eliminado el año pasado a instancias del kirchnerismo y con el voto del entonces diputado Milei. No pocos legisladores recordaron este episodio con ironía, entre ellos el diputado Eduardo Valdés.
“Hace menos de un año el propio Milei dijo: ´Es un delirio descomunal tratar al salario como ganancias, este impuesto es inmundo por eso debe ser eliminado´. ¿Ustedes creen que en el mundo va a haber seguridad jurídica con un presidente desdiciéndose de esa forma?”, acicateó.
Este punto también generaba tensiones puertas adentro de Unión por la Patria por la presión de los gobernadores del norte, ávidos por recaudar más con la coparticipación del impuesto. Sin embargo, la sangría se limitó a solo los tres catamarqueños que responden a Jalil.
De restituirse el tributo para la cuarta categoría, el nuevo piso es de salarios brutos $1,8 millones para los solteros sin hijos y de $2,3 millones para los casados con hijos. Las alícuotas serán progresivas, con escalas que van del 5 al 35%. Tanto los pisos mínimos como las escalas y las deducciones serán actualizadas cada seis meses por inflación.
Desde Unión por la Patria relativizaron que la suba de la recaudación por la restauración del impuesto termine siendo una ecuación favorable para los gobernadores. El diputado Gustavo Bordet, exgobernador de Entre Ríos, sostuvo que ese argumento “es una falacia” pues, a su juicio, las provincias “van a perder por la suba de los mínimos no imponibles y la baja de las alícuotas del impuesto a los Bienes Personales”.
