El gerente general de Terminal Puerto Rosario (TPR), Leonardo Feltrinelli, ratificó que la empresa “no reincorporará” a quince trabajadores que fueron despedidos por hechos de violencia y daños contra la compañía, pero a la vez manifestó la voluntad de la patronal de atender los reclamos salariales del resto del personal para que no pierdan poder adquisitivo ante la inflación.
Además, negó las acusaciones realizadas por el Sindicato Unido de Portuarios Argentinos (Supa) en el sentido de que la empresa no cumplió con las inversiones estipuladas en el contrato de concesión del puerto. “Cumplimos con todas las inversiones y no hay fundamento legal para un conflicto como el que está afectando al puerto, que sigue parado”, enfatizó.
“Necesitamos que el puerto vuelva a trabajar. Tomamos la firme decisión de no reincorporar a los violentos, la mayoría de ellos con denuncia penal por agresiones físicas a empleados y daños a la empresa. Estamos decididos a pagar por lo efectivamente trabajado. Entendemos la situación inflacionaria por la que pasa el país y desde el primer día estamos dispuestos a acompañar a nuestros trabajadores con una recomposición salarial acorde para paliar esos efectos”, expresó este viernes Feltrinelli.
Las decisión de la empresa implican un agravamiento del conflicto que se detonó hace poco más de un mes cuando el sindicato y la empresa se disponían a negociar aumentos salarial. A todo esto, los trabajadores nucleados en el Supa marcharán este viernes hasta la sede de Gobernación para visibilizar aún más el conflicto.
Con relación a los trabajadores despedidos por hechos de violencia, y que fueron denunciados penalmente, Feltrinelli precisó que son 15 trabajadores: “En julio y agosto de este año, en medio de la negociación paritaria anual, hubo bloqueos al puerto y se habían generado hechos violentos, que incluían amenazas y daños a la propiedad. En ese momento fueron denunciados en la justicia penal. Y en diciembre hubo una escalada de violencia inédita en la historia de TPR y eso ha hecho que se generen las denuncias por agresiones físicas a empleados de todos los niveles jerárquicos, amenazas de muerte a empleados de contratistas y por daños severos a la propiedad de la empresa”.
