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Crímenes del colectivero y playero: el móvil de los hechos fue a raíz de las restricciones en cárceles

Este jueves se imputó al asesino de Marcos Daloia, chofer de la Línea K, y a la mujer que le alcanzó el arma al autor del homicidio de Bruno Bussanich, trabajador de una estación de servicio. Los detalles que brindó Fiscalía sobre los dos trágicos episodios. 

La Fiscalía imputó este jueves a la mujer que le entregó el arma al menor que asesinó al playero Bruno Bussanich y al sicario que mató al colectivero Marcos Daloia, hecho ocurridos en marzo pasadp en el marco de una seguidilla de crímenes al azar que también se llevó la vida de dos taxistas. Según la investigación, se trató de un plan perpetrado desde la cárcel como respuesta a ciertas restricciones a presos de alto perfil.

Por el crimen del playero, se acusó a Joana G., de 37 años. “Es quien le lleva al autor material del hecho la nota y el arma de fuego utilizada, y es quien -luego del crimen- retira el arma y se la lleva consigo”, explicó el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios. 

El investigador subrayó que se trata de la pareja de José Mauricio Maturano, quien conducía la moto que trasladaba al sicario que asesinó al colectivero y que al momento se encuentra prófugo.

Sobre el homicidio del conductor de la Línea K, se acusó a Axel I. H., de 19 años, de ser el autor material del crimen del chofer de la línea K. “Es quien se ve en las imágenes con la remera blanca y va de acompañante en la moto”, aportó Saldutti. También detalló que el joven asciende al colectivo en la esquina de Mendoza y Guatemala, dispara contra Daloia, desciende en Mendoza y México, y huye por México hasta que “lo levanta” su cómplice en la moto y se dan a la fuga.

“El arma no ha sido encontrada, pero sí fue secuestrada la motocicleta y las prendas de vestir”, sostuvo el fiscal y mencionó que, al igual que en los demás crímenes, “hubo una promesa remuneratoria y un pago, pero en este caso no sabemos el monto”. 

Sobre el joven de 19 años aseguró que no cuenta con antecedentes penales y que al momento del crimen estaba viviendo junto a otro imputado en un domicilio de barrio San Lucía que será demolido.

“El móvil de ambos hechos fue torcer la decisión de ambos servicios penitenciarios, federal y provincial, en cuanto al tratamiento que estaban recibiendo los presos de alto perfil”, sostuvo Saldutti. 

Por el raid de homicidios ocurridos a comienzos de año, resta identificar a al menos dos personas en la estructura de la organización y hay una prófuga (Maturano). En total, se formularon unas 25 imputaciones entre autores, coautores, encubridores e instigadores.

“Los cuatro hechos hoy se encuentran esclarecidos prácticamente en su totalidad”, cerró el fiscal.

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