El reciente decreto firmado por Javier Milei que establece nuevas restricciones al derecho de acceso a la información pública ha suscitado críticas de diversos especialistas en la materia. Una de las reacciones más destacadas provino de la fundación Poder Ciudadano, una organización no gubernamental que monitorea la aplicación de la ley de acceso a la información y ha llevado adelante litigios para garantizar su cumplimiento. La fundación expresó su profunda preocupación por esta medida.
“Nos preocupa que el decreto del presidente de la Nación, en lugar de fortalecer el derecho de acceso a la información pública, parece estar limitándolo, especialmente al modificar la definición de lo que se considera información pública. Esta nueva normativa ignora el principio jurídico fundamental que sostiene este derecho, reconocido a nivel internacional y respaldado por nuestras obligaciones internacionales y por decisiones de nuestro máximo tribunal. Este principio establece que la información es presumiblemente pública, y el secreto es la excepción,” manifestó Poder Ciudadano en un comunicado oficial. “Este decreto no es el camino adecuado. Más acceso a la información pública significa más transparencia y menos corrupción.”
Poder Ciudadano emitió este comunicado pocas horas después de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, subrayando que “el acceso a la información pública es un derecho humano consagrado en pactos y tratados internacionales.” La organización destacó que en Argentina, gracias a años de esfuerzo y presión por parte de la sociedad civil, se logró en 2016 la sanción de la Ley 27.275, que estableció un marco legal para el ejercicio efectivo de este derecho.
Esa ley, según la fundación, representó un avance significativo hacia la transparencia institucional en el país, creando una herramienta crucial para que los ciudadanos puedan ejercer un control efectivo sobre los asuntos gubernamentales.
En su declaración, Poder Ciudadano fue contundente: “Ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que establece la ley, que fue sancionada democráticamente por el Congreso de la Nación.” La ONG señaló que, en los últimos años, las solicitudes de acceso a la información pública han sido fundamentales para investigar causas judiciales, denunciar conductas inapropiadas de funcionarios públicos, identificar posibles conflictos de interés, y supervisar el uso de los recursos públicos.
Según Poder Ciudadano, si el Gobierno realmente desea promover y garantizar el derecho de acceso a la información pública, debe seguir dos caminos: “responder de manera eficiente a las solicitudes de información de los ciudadanos y periodistas,” y “fomentar la publicación proactiva de información.”
Algunos funcionarios del Gobierno han expresado su frustración por recibir múltiples solicitudes de información sobre temas recurrentes, como el caso de los perros de Milei o los ingresos a la residencia presidencial de Olivos. Ante esto, Poder Ciudadano señaló que “si un tema genera tantas preguntas, significa que existe un interés público legítimo. Publicar esa información de manera proactiva y actualizada podría reducir la cantidad de solicitudes repetidas. La información en poder del Estado pertenece a la ciudadanía.”
En respuesta a esta situación, Pablo Avelluto, exministro de Cultura durante el gobierno de Mauricio Macri, criticó duramente la medida en redes sociales, cuestionando la coherencia de quienes apoyan a un gobierno que, según él, restringe la transparencia.
Sebastián Pilo, especialista en derecho administrativo y miembro del Consejo Asesor de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), también se pronunció en contra del decreto, calificándolo de inconstitucional. “El Poder Ejecutivo no tiene facultades para limitar o restringir derechos que están reconocidos por la ley mediante un simple reglamento. Ninguna información que hasta ayer era pública puede volverse inaccesible por decisión presidencial, como la nueva excepción que se introduce para la información cuya divulgación podría causar ‘daños y perjuicios’,” expresó Pilo en su cuenta de Twitter.
