El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) expresó su rechazo ante un nuevo incremento en las tarifas de peaje en la provincia de Santa Fe, al que calificó de “sorpresivo e ilegal”. Según la entidad, esta medida representa un “impuesto al tránsito” que persiste con el tiempo sin que las autoridades busquen una solución para eliminarlo.
Como ejemplo del impacto económico que genera este ajuste, el Conaduv detalló que un camión de seis ejes que transite entre Rosario y Santa Fe, ida y vuelta, a lo largo de 312 kilómetros y con una frecuencia de 20 viajes mensuales, deberá afrontar un costo anual de $13.440.000 solo en concepto de peaje. Por otro lado, un automóvil que se desplace entre Rafaela y Santa Fe, recorriendo 190 kilómetros en ambos sentidos con la misma cantidad de viajes mensuales, desembolsará $960.000 al año.
Para el comité, el gobierno provincial ha autorizado este incremento desde el 1 de marzo sin convocar a una Audiencia Pública, lo que impide que los usuarios puedan conocer los fundamentos del ajuste y expresar sus observaciones. La organización sostiene que no se han respetado criterios de razonabilidad ni se ha contemplado el impacto económico que genera en el transporte y la sociedad en su conjunto.
El Conaduv argumenta que este aumento carece de justificación técnica desde el punto de vista de la ingeniería económica del transporte. En su comunicado, la entidad denuncia que el peaje no se traduce en una contraprestación tangible en términos de infraestructura vial, sino que actúa como una carga económica que encarece el costo del transporte y, en consecuencia, de los bienes y servicios en general.
El comité también recuerda que las concesiones viales son consideradas un “servicio público” y que el régimen de peajes debe cumplir con la normativa de defensa del consumidor. En este sentido, citan a la ex ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, quien afirmaba que el peaje es el precio que los usuarios pagan por un servicio que debería garantizarse en condiciones adecuadas.
Otro punto de preocupación señalado por la organización es la falta de un Marco Regulatorio y un Ente Regulador en la provincia, lo que ha permitido que, a lo largo del tiempo, los aumentos se aprueben sin la debida transparencia. Según denuncian, sus reclamos ante la Legislatura provincial y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe no han logrado frenar estos incrementos desmedidos. “Los derechos de los usuarios viales son constantemente vulnerados”, remarcan.
Desde el comité sostienen que las autoridades priorizan la sostenibilidad económica de las concesionarias sin considerar la ecuación beneficio-costo para los ciudadanos. Además, advierten que no se han realizado los estudios técnicos que exigen las leyes provinciales 11.157 y 11.204, que establecen que las tarifas no deben superar el valor económico del servicio prestado.
El ingeniero Fernando Schneider, integrante del Conaduv, sostuvo que este sistema de cobro es inconstitucional porque no ofrece rutas alternativas sin costo y se superpone con el Impuesto a los Combustibles, generando una doble imposición. Por su parte, Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (Cadia) y coordinador del comité, subrayó que el modelo de peajes aplicado en Santa Fe es “antieconómico e inviable” debido al escaso tránsito en algunos corredores, lo que provoca que gran parte de la recaudación se destine a costos operativos en lugar de mejoras en la infraestructura vial.
Ante este panorama, el Conaduv instó al gobernador Maximiliano Pullaro a suspender el aumento y evaluar una alternativa para el financiamiento de las obras viales. Según plantean, es fundamental organizar una Audiencia Pública vinculante donde todos los actores puedan debatir y definir el sistema más equitativo para sostener las rutas de la provincia.
