Diputados del bloque radical denunciaron que un grupo de presos de alto perfil vinculados a la banda de Los Monos reciben “comida por delivery” a sabiendas del Servicio Penitenciario. El dato surgió a raíz de una reunión que mantuvieron con el secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez. El funcionario dijo que “no existe esa posibilidad”, pero sí admitió que los reclusos reciben raciones de parte de familiares y abogados durante las visitas, por “temor” a un eventual “envenenamiento”.
El funcionario respondió a preguntas de los legisladores del bloque UCR Evolución, Georgina Orciani, Marlén Espíndola, Sergio Basile y Juan Cruz Cándido, quienes forman parte de la Comisión de Derechos y Garantías presidida por Lionela Cattalini (PS). Entre los datos llamativos que dio el funcionario, los diputados deslizaron que en esa charla se habló de que “algunos reclusos de alto perfil que reciben comida por delivery con conocimiento de las autoridades penitenciarias”.
“No existe el delirio de que van a llevarle comida todos los días a un pabellón de alto perfil. Lo que sí existe es que, por decisión propia, estos cinco internos piensan que le pueden envenenar la comida y desde hace tres años que no reciben el racionamiento del Estado en lo que respecta al almuerzo y la cena”, había asegurado Gálvez en declaraciones a Radio 2, en relación con estos cinco reclusos que forman parte de la banda de Los Monos y están alojados en el Pabellón 26 de Piñero, destinado a “presos de alto perfil de nivel 1”.
Se trata de Ramón “Monchi Cantero” Machuca (hijastro de Cantero), Héctor Brezik, Walter Jure, Cristián González y Mariano Salomón, quienes cumplen condenas como miembros de la banda narcocriminal surgida en el barrio La Granada, en la zona sur de Rosario.
“La situación del servicio penitenciario es grave”, sentenciaron los integrantes ucerreístas luego del encuentro que duró más de dos horas con el funcionario provincial. Al finalizar la reunión, Orciani dijo que agradecían “la predisposición del funcionario, pero con eso no alcanza”, y agregó que entienden que “no hay un plan que guíe la gestión, no hay conducción ni del gobernador Omar Perotti ni del ministro Jorge Lagna y la política penitenciaria no es una prioridad para la seguridad pública”.
Por su parte, Cándido afirmó: “La situación del servicio penitenciario es preocupante. No dimensionan la gravedad del descontrol que tienen dentro de las cárceles, en un contexto donde (reconocido por fiscales de Rosario) el 90% de los delitos se ordenan desde adentro. También hablan de más plazas penitenciarias cuando todavía no ocuparon las que dejamos listas cuando terminamos la gestión en 2019, y tampoco dejan en claro con qué personal cubrirán esas nuevas plazas porque los ingresos no alcanzan a cubrir las vacantes”.
A su vez, Gálvez repasó algunos puntos de su gestión al frente del área y reconoció dificultades para avanzar en determinados puntos, como por ejemplo la instalación de nuevos inhibidores de señal de celulares (uno de los principales focos de conflicto). Explicó que en breve una delegación del Invap irá a estudiar la factibilidad de la instalación.
“Seguimos con el presente continuo de anuncios que nunca se concretan. Los inhibidores de señal y la participación del Invap es algo que ya nos habían anunciado el año pasado. Ahora vuelven a anunciarlo como algo que va a pasar, mientras tanto los presos siguen haciendo home office y las extorsiones crecen en las principales ciudades de la provincia”, coincidieron los legisladores.
Por último, manifestaron que “sumado al descontrol provincial, nos llama la atención la falta de coordinación con el Gobierno Nacional con relación a los detenidos por delitos federales alojados en Santa Fe”, y explicaron que cuando preguntaron por la cárcel federal que debería inaugurarse en diciembre en la localidad de Larrechea: “Gálvez nos dijo que no tenía información. Con todo este panorama, la situación en el corto plazo es poco alentadora”.
