Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
El bunker funcionaba sobre Pasaje Acuña al 5700. Además se inactivaron otros dos puntos de venta de droga al menudeo. La investigación se inició tras amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro. “Llevamos casi 30 derribos en toda la provincia”, afirmó el secretario de Seguridad, Omar Pereira.
El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este viernes el derribo de un puesto de venta de estupefacientes relacionado al “Clan Tripi”, que funcionaba sobre Pasaje Acuña al 5700 (Acuña y Av. Rouillón) en Fonavi Parque Oeste de la ciudad de Rosario. Además, el juez provincial Gonzalo Fernández Bussy, a instancias del fiscal Franco Carbone, ordenó desactivar otros dos puntos situados en Pedro Lino Funes al 2400 y Riobamba al 5700, considerados puntos de venta o bien aguantaderos de la banda.
“En acciones de esta naturaleza se configura lo que establece la Ley de Microtráfico, ya que es un punto de venta de estupefacientes que genera en un barrio Fonavi característico de Rosario, una situación de violencia extrema con muertos, armas, disparos, a metros de la escuela del barrio, convirtiéndose en un punto que corrompe la tranquilidad de los vecinos”, enfatizó el secretario de Seguridad Pública provincial, Omar Pereira, para luego puntualizar que “en estos puntos de venta inactivados se vendía cocaína y marihuana. Continuaremos trabajando en esta línea por la que ya llevamos casi 30 derribos en toda la provincia”.
Por su parte, el fiscal Franco Carbone detalló que se llevó adelante “el derribo de una instalación que tiene que ver con una disputa territorial que viene sucediendo hace mucho tiempo en esta zona de la ciudad y que está relacionado al clan Tripi, el grupo narco criminal que lidera la venta de estupefacientes en la zona rosarían de Parque Oeste”. De ese modo, Carbone explicó que “este lugar fue sindicado por vecinos como un punto neurálgico de la familia Tripi y acá comenzó una investigación este año por amenazas que nombraban al gobernador Maximiliano Pullaro con distintas balaceras y con mención también a la Tropa de Operaciones Especiales”.
Seguidamente, Carbone remarcó que a partir de estas amenazas se inició una investigación que culminó con “un procedimiento que fue falseado por tres agentes del Comando Radioeléctrico quienes plantaron tres armas de fuego a una persona allegada al clan Tripi y esa plantación de las armas fue en este lugar, teniendo al objetivo seleccionado a propósito, porque los Tripi trabajan en esta zona en particular. A partir de ahí, esos efectivos fueron detenidos y luego continuamos con allanamientos que derivaron en la detención de siete personas vinculadas al clan Tripi. La teoría del caso es que está todo relacionado a una banda rival de este clan”. Por último, el Fiscal recordó que “el clan Tripi regentea la venta de droga en el Fonavi Parque Oeste de Rosario hace años” y que “el otro punto que se inactivó está cruzando una cancha de fútbol, sobre calle Riobamba al 5700 y junto con otro lugar sobre Pedro Lino Funes al 2400 son dos puntos muy importantes donde vendían droga al menudeo”.
Ley de Microtráfico
Cabe recordar que operativos como este se desarrollan desde principio de 2024, en un trabajo coordinado entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
Los derribos de búnkers o puntos de venta de droga son una de las medidas que integran la ley que fue aprobada en los últimos días de 2023 por la Legislatura provincial, y que establece que los fiscales del MPA deben investigar los delitos de “microtráfico” o “narcomenudeo”, que hasta antes de la reglamentación eran competencia de la Justicia Federal.
De esta manera, se permite la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, con la ley se permite el derribo o demolición forzosa. También, se pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y la desactivación del punto de venta en concreto.
La Justicia Federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta.
