El reconocido abogado Carlos Varela se hizo cargo de la defensa de Agustín David López Gagliasso, el conductor del Peugeot 206 gris que, a una velocidad de 120 kilómetros por hora, atropelló y provocó la muerte de una mujer y su hija el pasado martes. Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal, el abogado adelantó que buscará reducir la pena máxima a seis años, desestimando la figura de homicidio con dolo eventual avalada por la jueza Paola Aguirre. Según Varela, “los procesos judiciales deben abordarse con prudencia y no desde las emociones”. Además, calificó la postura de la jueza como una “demagogia judicial” para satisfacer el clamor popular.
El abogado niega la intención de matar
Varela argumentó que su cliente no actuó con dolo eventual, es decir, sin intención de causar las muertes, pese a las conclusiones de las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias. Aunque el abogado coincidió en algunos detalles del relato presentado en la audiencia, como el altercado que López Gagliasso tuvo con un motociclista en el túnel Arturo Illia, sus maniobras de sobrepaso y la pérdida de control del vehículo que culminó en la tragedia, discrepó con la calificación de homicidio simple.
El defensor calificó los hechos como “atroces”, pero insistió en que no hay elementos que demuestren que su cliente tuvo la intención de matar. Según su postura, la conducta del acusado debe enmarcarse dentro de las penas previstas por la ley para siniestros viales, que oscilan entre 3 y 6 años de prisión, y no en el rango de 8 a 25 años que correspondería al dolo eventual.
Críticas al sistema judicial y a la opinión pública
“El Código Penal está diseñado para regular estas situaciones y no para responder a sentimientos o demandas populares”, afirmó Varela, quien cuestionó que se busque imponer la pena más severa por presión social. Según el abogado, conducir un vehículo, incluso de manera imprudente, no implica automáticamente una intención de causar daño.
Además, Varela consideró que el encarcelamiento preventivo de su cliente también es cuestionable. “La Fiscalía puede buscar la pena más alta, pero los jueces tienen la responsabilidad de actuar con racionalidad y aplicar la ley”, afirmó.
El abogado también apeló a la empatía del público, señalando que “un accidente de tránsito puede sucederle a cualquiera” y que muchas veces quienes piden penas severas olvidan que sus propios familiares podrían estar involucrados en un hecho similar.
Un llamado a cambiar la ley
Para Varela, si la sociedad considera que la pena actual para siniestros viales es insuficiente, el cambio debe impulsarse en el Congreso y no mediante la reinterpretación de las normas. “El Poder Judicial no puede ser influenciado por las oscilaciones de la opinión pública. Si 6 años parecen poco, entonces que se modifique la ley”, enfatizó.
Aunque reconoció que en la justicia de Rosario se han aplicado precedentes de dolo eventual en casos graves de tránsito, sostuvo que hacerlo en esta ocasión sería “un exceso”. Para él, una sentencia justa debería contemplar una pena que supere la mitad del rango establecido entre 3 y 6 años.
Finalmente, Varela lamentó la irreparabilidad de las pérdidas humanas, pero reiteró que “las emociones no deben guiar los procesos judiciales”. Según sus palabras, el verdadero debate debe centrarse en cómo legislar para prevenir tragedias futuras, sin desvirtuar los principios de justicia.
