El fiscal federal Diego Luciani reanudará hoy el tramo final de su alegato en el juicio oral de la causa Vialidad, en la que la vicepresidenta Cristina Kirchner es acusada junto a un conjunto de exfuncionarios de sus gobiernos y al empresario patagónico Lázaro Báez, por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Se espera que hoy culmine la presentación de elementos de prueba para luego formular los pedidos de pena para los acusados.
Una vez que el fiscal haya presentado los pedidos de condenas, el Tribunal Oral Federal 2 podría dictar un cuarto intermedio de hasta diez días hábiles para que los abogados de los 13 acusados preparen sus alegatos de defensa.
La fiscalía anticipó el viernes que no acusará como integrante de la asociación ilícita a Carlos Santiago Kirchner, exfuncionario del Ministerio de Planificación y primo del expresidente Néstor Kirchner, aunque eventualmente sí lo pueda acusar con respecto al otro delito que se juzga, que es el fraude contra el Estado.
En la audiencia pasada, Luciani comenzó a describir qué conductas de los acusados prueban que integraban una asociación ilícita creada para sustraer fondos públicos millonarios y argumentó por qué considera que Cristina Kirchner era la jefa de dicho armado delictivo.
“La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”, dijo el fiscal, y se refirió a los roles de Báez, el exministro de Planificación Federal Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, quienes fueron señalados como organizadores de la asociación ilícita.
Luciani rechazó la teoría de una supuesta persecución contra la vicepresidenta –el lawfare que esgrime el kirchnerismo como bandera– y dijo que ella intervino para beneficiar ilegalmente al empresario Báez. El fiscal orientó su exposición a demostrar la profundidad del vínculo entre Báez y los Kirchner y exhibió un testamento del año 2010 que, según él, acredita que Báez no disponía de la riqueza a su nombre. Además recordó operaciones comerciales compartidas por el empresario y el matrimonio presidencial y mostró las planillas de ingresos de Báez a la residencia de Olivos.
Antes de pasarle la palabra al fiscal Sergio Mola, Luciani citó una exposición del papa Francisco de 2014 sobre la corrupción: “El corrupto persigue a quien lo contradiga”, dijo. Y aclaró que el ese entonces el exministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni adhirió a estas palabras.
En su presentación, el fiscal Mola aludió a las declaraciones indagatorias de Cristina Kirchner, De Vido, Periotti y Báez, quienes habían denunciado que la causa se trataba de un caso de lawfare, y dijo que “tal construcción jurídica no existe”.
El pedido de pena
La contundencia de la documentación presentada más las comunicaciones reveladas y la vehemencia del alegato que realizó el fiscal permiten dar por descontado que Luciani pedirá una dura pena para la vicepresidenta, Báez y los exfuncionarios involucrados.
Luciani no adelantó cuál será el monto de la pena que reclamará, pero en los tribunales se espera que solicite al menos unos 10 a 12 años de prisión, aunque no faltaron quienes elevaron esa cifra hasta los 14 años de cárcel, considerando la fama de “duro” del acusador.
La estimación surgió a partir de la consulta de LA NACION a jueces y fiscales de tribunal oral con larga experiencia (ajenos al proceso) que vienen siguiendo el juicio. Las fuentes dieron por descontado que, además del pedido de condena de cumplimiento efectivo, el fiscal reclamará para la vicepresidenta la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos y el decomiso de sus bienes hasta una suma que surgirá del monto del perjuicio al Estado que Luciani también dará a conocer hoy.
Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año), la pena de prisión efectiva solo se cumplirá si el fallo queda firme, es decir una vez que lo revise la Corte Suprema, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.
