El Fondo Monetario Internacional (FMI) y las autoridades argentinas han llegado a un acuerdo sobre una revisión del programa económico del país. El acuerdo es parte del programa de Facilidades Extendidas Stand-By del FMI con Argentina, que tiene como objetivo fortalecer la economía y la estabilidad financiera del país.
Para el FMI, el acuerdo es un paso importante en el proceso de revisión, y se espera que las discusiones continúen en las próximas semanas. El objetivo es llegar a un acuerdo a nivel técnico sobre las políticas económicas y fiscales necesarias para abordar los desafíos económicos de Argentina.
El programa de Facilidades Extendidas Stand-By del FMI con Argentina fue aprobado en 2018 y ha sido objeto de varias revisiones desde entonces. El programa se ha centrado en medidas para reducir el déficit fiscal, reducir la inflación y mejorar la estabilidad financiera.
El acuerdo a nivel de personal alcanzado entre el personal del FMI y las autoridades argentinas es un paso importante en el camino hacia la recuperación económica del país. Se espera que las discusiones continúen en las próximas semanas, y se espera que se alcance un acuerdo técnico sobre las políticas económicas necesarias para abordar los desafíos económicos actuales de Argentina.
Puntos claves del nuevo acuerdo
-Argentina tendrá acceso a alrededor de US$5.300 millones (DEG 4.000 millones).
-La gestión macroeconómica prudente en la segunda mitad de 2022 respaldó la estabilidad y ayudó con cierto margen a asegurar los objetivos del programa hasta fines de 2022.
-En un contexto económico más desafiante, particularmente la sequía cada vez más severa, se necesitan acciones de política más sólidas para salvaguardar la estabilidad, abordar el aumento de la inflación y los reveses de políticas, así como mantener el ancla del programa. En este contexto, se solicitan revisiones de los objetivos de reservas para 2023.
–Política fiscal. Las autoridades están comprometidas en alcanzar el déficit fiscal primario del 1,9 por ciento del PIB en 2023 a través de controles continuos de gastos, una mejor focalización de los subsidios energéticos y de la asistencia social, y una mejor priorización del gasto de capital, al tiempo que protegen el gasto social y de infraestructura prioritario.
1. Para cumplir con las metas de reducción del déficit y fortalecer la progresividad de los subsidios energéticos, las autoridades planean continuar implementando el esquema de segmentación acordado, eliminando los subsidios para los usuarios residenciales de mayores ingresos a partir de mayo y para los usuarios comerciales a fines de 2023.
2. Se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos.
-Política monetaria y cambiaria: Para hacer frente a las continuas presiones inflacionarias, que han repuntado en los últimos meses, las autoridades pretenden mantener positivas las tasas de interés oficiales en términos reales.
1. Continuarán los esfuerzos para asegurar la competitividad externa y fortalecer la cobertura de reservas, que las autoridades planean complementar a través de la oportuna racionalización de la política cambiaria
2. También se comprometen a no utilizar reservas internacionales ni emitir instrumentos de deuda externa de corto plazo para intervenir en los mercados cambiarios paralelos.
–Estrategia de financiación. Se está implementando con cautela y buena comunicación una estrategia proactiva de gestión de la deuda en el mercado local. Esto está ayudando a afrontar los vencimientos de deuda, especialmente en el segundo y tercer trimestre, movilizar el financiamiento interno y mejorar el funcionamiento del mercado de bonos y cambiario, evitando agregar vulnerabilidades en el futuro.
1. Las autoridades continúan movilizando financiamiento oficial de fuentes multilaterales y bilaterales, incluso mediante la finalización de acuerdos bilaterales con los pocos acreedores restantes del Club de París
2. Estos esfuerzos ayudarán a mantener el financiamiento monetario directo del déficit fiscal a un máximo del 0,6 por ciento del PBI en 2023, en línea con los objetivos del programa.
