El Gobierno nacional prepara un proyecto legislativo denominado “Igualdad ante la ley”, que buscará derogar normativas relacionadas con la llamada “discriminación positiva”. La propuesta, que será presentada en el Congreso a partir del 1° de marzo, incluye la eliminación de cupos laborales para personas trans, documentos no binarios y la figura del femicidio como agravante penal. Este anuncio, que ya genera controversia, se alinea con las recientes declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos.
Desde la Casa Rosada explicaron que el objetivo es “eliminar cualquier tipo de diferenciación ante la ley o el Estado”. Sin embargo, el proyecto no afectará leyes como el matrimonio igualitario ni la legalización del aborto.
Revisión de leyes vigentes
El proyecto está siendo elaborado por la Secretaría de Planeamiento Estratégico, bajo la dirección de María Ibarzabal Murphy y la supervisión del asesor presidencial Santiago Caputo. Entre las leyes que podrían ser derogadas se encuentran las que establecen cupos laborales para personas trans y discapacitadas, además del agravante de femicidio. Según fuentes oficiales, “no tiene sentido que una pena sea distinta dependiendo del sexo de la víctima”.
También se evalúa el impacto en normativas como la Ley Brisa, que otorga reparaciones económicas a hijos de víctimas de femicidio, y la Ley Micaela, que establece capacitaciones obligatorias en género para empleados estatales.
Un discurso polémico en Davos
En el Foro de Davos, Milei reiteró su postura crítica hacia las políticas de diversidad e inclusión, calificando la cultura “woke” como “un cáncer que debe ser extirpado”. Además, realizó declaraciones controvertidas sobre la comunidad LGBT+, afirmando que la “ideología de género” equivale a “abuso infantil” y criticando los tratamientos hormonales en menores de edad.
Desafíos legislativos
Aunque el proyecto enfrenta un panorama complicado en el Congreso, desde Balcarce 50 aseguran que seguirán adelante. “No vamos a retroceder por miedo a que lo rechacen”, afirmaron fuentes oficiales.
La propuesta, que forma parte de la agenda 2025 del oficialismo, promete desatar un intenso debate en el ámbito legislativo y social en los próximos meses.
