Tras transformar al Banco Nación en Sociedad Anónima, el Gobierno dio un nuevo paso este domingo al emitir un decreto que asigna el mismo régimen a la sociedad estatal Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT), responsable de explotar la mina de carbón de Santa Cruz.
Aunque la banca estatal registró ganancias de $3 billones en 2024, YCRT presenta pérdidas y figura entre las 14 empresas públicas sujetas a privatización según la Ley Bases. Sin embargo, el artículo 8 de la ley ómnibus establece que, al haber estado intervenida desde 2002, la empresa solo podrá privatizarse de forma parcial, obligando al Estado nacional a conservar la mayoría en el capital o en las decisiones corporativas.
Este fin de semana vencía la prórroga del articulado del Mega-DNU 70/2023, que facultaba al Gobierno para convertir por decreto a las sociedades estatales en sociedades anónimas. La agencia encargada de transformar las 59 empresas públicas, dirigida por Diego Chaher y destinada a preparar el terreno para privatizar, cerrar o liquidar estas entidades, considera este paso administrativo fundamental para avanzar en la venta de las mismas.
Respecto a YCRT, funcionarios nacionales señalaron que las cerca de 60 haciendas productivas que operan en torno al yacimiento también se constituirán como sociedades anónimas. Además, el Gobierno insistió en poner al tanto al gobernador santacruceño, Claudio Vidal, quien mantuvo una relación inestable con el Ejecutivo nacional durante los primeros 14 meses de la gestión de Javier Milei.
Cuando el Presidente anunció en enero de 2024 sus planes de privatizar la empresa, el gobernador advirtió sobre la importancia estratégica de la mina para la provincia y exigió al Ejecutivo nacional la realización de una auditoría.
Durante 2023, la empresa consumió más de $20.000 millones, destinando $18.000 millones al pago de salarios. En marzo de 2022, la mina produjo apenas 6.000 toneladas de carbón, muy por debajo de las más de 112.000 toneladas requeridas por la Usina Térmica, licitada hace más de 16 años y aún en proceso de construcción.
El Presidente designó a Pablo Arriagada como interventor de la empresa, tras separarse del ex funcionario del PRO, Thierry Decoud, quien fue despedido en septiembre pasado por sospechas de corrupción. La compañía estatal también se vio envuelta en denuncias, como las que llevaron al desafuero del ex ministro de Planificación, Julio de Vido.
En enero de 2024, YCRT contaba con 2.766 trabajadores, aunque la administración libertaria ya había despedido a cerca de 500 empleados. “La dependencia de la empresa de los aportes del Tesoro Nacional debe revertirse”, afirmó el gobernador Vidal a Clarín el año pasado.
El Gobierno tampoco descarta la posibilidad de transferir algunas empresas públicas a las provincias para saldar parte de las deudas cruzadas entre jurisdicciones. Si Santa Cruz manifiesta interés, podría avanzar en esa dirección, al menos en parte.
Vidal es uno de los 18 gobernadores que, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, firmó el plan para canjear deuda por rutas, tierras fiscales, obras y empresas públicas, conocido como el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Recientemente, el mandatario provincial se reunió con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y gestionó la inscripción de YCRT en CAMMESA como generador de energía, lo que permitirá vender a la provincia parte de la energía producida.
Además, el Gobierno explora la posibilidad de ceder, de forma total o parcial, la fábrica de aviones Fadea, ubicada en Córdoba, manteniendo contactos con funcionarios del gabinete de Martín Llaryora.
El nuevo estatus de Sociedad Anónima obligará a YCRT a presentar balances y a someterse a la ley de concursos y quiebras, según detallan desde el Ejecutivo. Tras aplicar la misma medida al Banco Nación, ya se autorizó el cierre de la primera de las 780 sucursales de la banca pública, y se anuncian más clausuras y despidos.
