La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, prepara una resolución para dar de baja a los 8.538 empleados públicos de diez provincias que cobran, a la vez, el Potenciar Trabajo, una violación a la norma del mayor programa social que estaba bajo la órbita del ex Ministerio de Desarrollo Social y que era administrado por el líder del Movimiento Evita Emilio Pérsico durante los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández. La denuncia sobre esas incompatibilidades, que generaban una erogación anual superior a los siete mil millones de pesos fue realizada por el fiscal federal Guillermo Marijuan y sus detalles revelados por Infobae.
De esta manera, Pettovello decidió conducirse por un carril distinto al de la ex ministra Victoria Tolosa Paz que fue imputada junto a Pérsico por el fiscal Marijuan en al menos dos causas anteriores, por no dar de baja a los beneficiarios que cobraban ese plan social por fuera de las normas establecidas, por ejemplo, las 160 mil personas que viajaron al exterior en aviones privados, yates, autos y aerolíneas. La funcionaria de Javier Milei también ordenó una “auditoría de cero” para saber dónde está parada, ya que la información que dejaron en la Secretaría de Economía Social, que estaba a cargo del dirigente del Movimiento Evita es, como mínima, muy escasa, y poco confiable.
La denuncia del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, abarca a solo las 10 provincias que enviaron la base de datos de sus dependientes, más Buenos Aires que respondió de manera parcial. Solo lo hicieron tres de sus ministerios.
Marijuan solicitó en noviembre las bases de datos de los trabajadores estatales de las 23 provincias Argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cruzarlas con el padrón del plan social. Hasta ahora solo diez distritos respondieron. Los otros fueron intimados por segunda vez.
En su investigación preliminar el fiscal los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública” también acusa a los funcionarios públicos nacionales y provinciales que ” sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.
Durante la administración Fernández el programa social, que era administrado desde el área de Pérsico dependió de manera directa de los ministros Daniel Arroyo, Juan “Juanchi” Zavaleta, y Victoria Tolosa Paz. El dirigente del Evita estuvo a cargo del Potenciar Trabajo a lo largo de todo el gobierno del Frente de Todos.
Según reconstruyó Infobae de varias fuentes directas, la ministra se habría comunicado con la fiscalía para ponerse a disposición y solicitar el listado de presuntas incompatibilidades para comenzar a trabajar en una resolución para dar las bajas que correspondan.
El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″
El listado involucra a las siguientes provincias y beneficiarios que, a la vez, son empleados públicos: Tucumán con 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy 652; Corrientes 518; Salta 434; Río Negro 198; Córdoba 194; Formosa 180; y Santa Cruz 128.
