Inicialmente el equipo de Javier Milei vinculado al tema, había abierto un expediente de revisión, luego definieron el fin de la atención al público en forma presencial en algunas dependencias para realizar la misma en formato call center y finalmente se produjo la baja de más del 240 por ciento de los CAJ que estaban en funcionamiento.
Los trabajadores de dichos espacios se encuentran en estado de alerta, y los vecinos de los lugares que se decidieron dar de baja pierden un espacio de referencia en cuanto a acceso a Justicia, que en algunos casos funcionaba como contención social en zonas vulnerables.
Silvina Silva, es una de las trabajadoras de uno de los Centros de Acceso a la Justicia, ubicado en La Matanza y también delegada de ATE de la Secretaría de Justicia. Al ser consultada por el diario Tiempo Argentino, dijo que están: “en situación de alerta por los inminentes despidos en los CAJ que están distribuidos en todo el país por una resolución que tiene como objetivo un proceso de reorganización y vaciamiento de los CAJ, lo que implica cerrar, despedir y anular las políticas públicas con las que trabajamos todos los días en los barrios más vulnerables”.
Una vez más el planteo del final de una auditoría realizada por el Gobierno Nacional se encuentra detrás del cierre de estos espacios, los cuales serán reemplazados por un solo call center de atención nacional, que agrupará a algunos empleados, tal cual lo plantea la resolución firmada por Cuneo Libarona, instruye a la subsecretaria de Acceso a la Justicia, Candelaria Montenegro, a “implementar un sistema eficiente de acceso a la Justicia que dé una respuesta a la comunidad, reforzando aquellos canales de atención no presenciales actualmente disponibles en el ámbito de la Dirección Nacional de Promoción y fortalecimiento para el Acceso a la Justicia”.
Según planteó Cuneo Libarona, la auditoría presenta una cantidad innecesaria de empleados “unos 13 por cada uno de los centros”, algo que según lo que demuestran los trabajadores de la región NOA (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero) no se vería reflejado al menos en el noroeste argentino.
“Desde el 1 de enero hasta el 6 de junio del 2024 llevamos atendidas 7.788 consultas y 20.044 gestiones” cuenta el coordinador
Ezequiel Álvarez, coordinados de dicha región dijo que la misma cuenta con 30 trabajadores distribuidos en 11 centros, con lo cual de los 13 planteados en la auditoria a nivel nacional, en el noroeste argentino, el promedio de trabajadores es de 2,7 por cada Centro de Acceso a la Justicia. En declaraciones al mismo medio, Álvarez dijo que “resulta absurdo pensar que 30 trabajadores para una región de más de 5 millones de habitantes son la causa del déficit fiscal” y en relación al trabajo normal que se realiza en dichos espacios, explicó que “las tres primeras demandas de la población son Asuntos relativo a Derecho de Familia (2112 consultas); Acceso a documentación personal (1429 consultas) y Acceso al sistema de seguridad social (1298 consultas)”.