Tras la reciente sanción en el Senado de la ley de nueva movilidad jubilatoria, el presidente Javier Milei tomó la decisión de vetar completamente el proyecto. El decreto, firmado el viernes por la noche, se publicó en el Boletín Oficial durante la madrugada, haciendo efectiva la medida. Simultáneamente, el Gobierno anunció un nuevo bono de 70 mil pesos para los jubilados, en el marco del actual sistema de actualizaciones. Sin embargo, aún está bajo análisis la posibilidad de un incremento adicional del 8%, que dependerá de la reacción de la oposición tras el veto, como informó Infobae.
Milei tomó esta decisión tras una reunión con los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) y otros aliados de la Cámara baja, sellando su rechazo a la ley aprobada por el Congreso.
El decreto 782/2024 argumenta que la legislación vetada “viola manifiestamente el marco jurídico vigente, al no considerar el impacto fiscal de la medida ni especificar la fuente de su financiamiento”. Este ha sido el principal argumento del Ejecutivo desde que se sancionó la ley. Además, se señaló que el proyecto “presenta serias deficiencias técnicas y operativas que lo hacen irracional y difícil de implementar”.
El Gobierno también exhortó al Poder Legislativo a “actuar con sensatez institucional y de manera responsable, evitando disposiciones que pongan en riesgo las cuentas públicas o contradigan el presupuesto nacional”. Subrayaron la importancia de gestionar los recursos públicos de forma responsable, conforme a los principios de buena administración, para garantizar el bien común.
El Ejecutivo advirtió que la propuesta podría dificultar la recuperación del sistema previsional al generar futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios, al no estar claro cómo se financiaría.
Para reforzar su postura, el Gobierno estimó que el impacto de la medida ascendería a 6.160.000.000.000 de pesos en 2024 y 15.430.000.000.000 en 2025. Estos montos equivalen al 1,02% del PBI proyectado para este año y al 1,64% del PBI estimado para el próximo. En cuanto al gasto previsional de la ANSES, se calculó un incremento del 18,5% para 2024 y del 29,2% para 2025. Además, se advirtió que este aumento podría representar un 8% del gasto primario de la Administración Nacional, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas y obligando al Gobierno a recurrir a financiamiento extraordinario, ya sea mediante deuda o aumento de impuestos.
Tras el veto, el Congreso tiene la opción de insistir en la nueva fórmula, lo que requeriría una nueva votación y el apoyo de dos tercios de los miembros presentes en ambas Cámaras. El proyecto deberá ser tratado primero en Diputados y luego en el Senado.
Consciente de esta posibilidad, el Gobierno se ha enfocado en fortalecer sus lazos con legisladores aliados del PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), reuniéndose con sus principales dirigentes para explicar las razones del veto.
El PRO, a pesar de haber votado a favor de la actualización de las jubilaciones, se comprometió a apoyar la decisión del Ejecutivo. La ley vetada proponía una actualización mensual basada en el último Índice de Precios al Consumidor (IPC), similar al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente, e incorporaba una compensación del 8,1% para cubrir la inflación de enero que no fue alcanzada por el aumento del 12,5% otorgado por el Gobierno.
Poco después de la sanción, la oficina del Presidente emitió un comunicado ratificando las declaraciones previas de Milei, calificando la ley como “un acto de populismo demagógico” y advirtiendo que su implementación llevaría al país a repetir errores del pasado, como la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento.
