La reciente subida del 27% en el precio de los combustibles no será la última, según fuentes del Gobierno argentino. Después del ajuste implementado a mitad de semana, se proyecta un camino de al menos tres aumentos mensuales consecutivos adicionales.
Según una fuente de alto rango en el oficialismo reveló a un medio de comunicación que aún se espera una recomposición adicional del 25% al 30%, abarcando impuestos y un aumento en el barril criollo.
En relación al barril criollo, que llegó a tocar un mínimo de 56 dólares en los últimos meses de la administración Massa, se espera que alcance un rango entre 64 y 66 dólares en enero. Aunque este valor es unos cinco dólares menos que el precio export parity derivado de la cotización del Brent, menos descuentos y retenciones del 8%, representa un nuevo aumento.
La cuestión impositiva desempeña un papel crucial en la política fiscal, ya que el congelamiento del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del tributo al dióxido de carbono en 2023 resultó en una pérdida de ingresos de 2.800 millones de dólares para el Estado. Este atraso, acumulado durante 9 trimestres, podría traducirse en un incremento del 15% en el surtidor si se aplica de una sola vez.
Para evitar un impacto tan drástico, el Gobierno planea fraccionar la recomposición en tres meses. En febrero se podrían actualizar 4 trimestres junto con la recomposición del barril, limitando la suba mensual al 15%. En marzo, las proporciones se invertirían, con un aumento impositivo aproximado del 10%. Finalmente, en abril, se aplicaría un último reajuste menor al 5%.
Este enfoque ha generado críticas, especialmente considerando que los tres últimos incrementos en el surtidor fueron del 30%, 37% y 27%. Algunos cuestionan la preferencia del Gobierno por un shock en la recomposición del precio del barril mientras adopta un enfoque gradual en el plano impositivo, a pesar del déficit fiscal.
Para poner en perspectiva el retraso impositivo en los combustibles, la pérdida de ingresos del Estado en 2023 equivale al 0,4% del PBI, casi la misma proporción que se busca recortar en subsidios energéticos.
A pesar de las críticas, el objetivo oficial es llevar el precio de los combustibles a 1,1 dólares por litro de nafta súper y 1,3 dólares por litro de gasoil grado 2, aunque estos números podrían variar según la cotización del Brent.
En términos prácticos, estos precios estarían ligeramente por encima de la paridad de exportación, mientras que los combustibles premium (nafta y gasoil grado 3) se situarían un 5% por debajo del “import parity” para desincentivar la entrada de competidores externos.
Álvaro Ríos Roca, experto en regulación energética latinoamericana, criticó la estrategia del nuevo Gobierno argentino, destacando la necesidad de una regulación de mercado similar a la adoptada por otros países de la región como Chile, Perú y Brasil.
