El Gobierno Nacional avanzó con una fuerte reducción de aranceles para la importación de productos textiles, calzado, hilados y telas, con el objetivo declarado de impulsar la competencia y bajar los precios al consumidor. La medida se formalizó mediante el Decreto 236/2025, y representa un cambio sustancial en la política comercial que rigió durante los últimos 18 años.
En concreto, las nuevas disposiciones fijan que la alícuota para importar ropa y calzado baja del 35% al 20%. En el caso de las telas, el arancel se reduce del 26% al 18%, mientras que los distintos tipos de hilados pasarán a tributar entre el 12% y el 16%, niveles similares a los vigentes antes de 2007, cuando el Mercosur elevó esos tributos sin estudios técnicos concluyentes.
Desde el Gobierno argumentan que la decisión busca corregir distorsiones de precios en el mercado local. En un análisis comparativo con otros países de ingresos medios y altos —como España, México, Uruguay, Brasil, Francia, Chile, Inglaterra y Estados Unidos— se evidencia que Argentina es uno de los países más caros de la región en materia de indumentaria.
Por ejemplo, una remera de marca internacional cuesta en promedio USD 41 en Argentina, mientras que en España se consigue por apenas USD 10, lo que representa una diferencia del 310%. En Brasil, el mismo producto cuesta USD 21, es decir, un 95% menos que en el mercado argentino. Otro caso: una campera que aquí se vende por USD 118, en España puede conseguirse por USD 43, una diferencia del 174%.
Con estos datos en la mano, el Ejecutivo considera que la rebaja arancelaria es una herramienta clave para “fomentar la competencia, reducir los precios textiles y colaborar en la baja de la inflación”.
El decreto también elimina varias trabas burocráticas que, según el Ejecutivo, encarecían y ralentizaban las importaciones: se elimina el control aduanero sobre etiquetado, el estampillado obligatorio, el paso por el canal rojo normativo, la Declaración Jurada de Composición de Producto (DJCP) y las licencias previas para importar.
Sin embargo, la medida no tardó en generar rechazos desde el sector industrial. La Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) manifestó su preocupación y alertó que la apertura sin una reforma integral que reduzca la carga impositiva local puede tener efectos negativos sobre la producción nacional y el empleo. “No pedimos beneficios ni proteccionismo, sólo condiciones equitativas para competir”, indicaron, en referencia a la desigualdad de condiciones frente a países que aplican menores impuestos y tienen regímenes laborales más flexibles.
Desde el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, aseguran que la decisión responde a una necesidad urgente de dinamizar el mercado y ofrecer precios más accesibles a los consumidores. El impacto real de la medida, no obstante, dependerá de cómo reaccione el mercado interno y de si el sector productivo logra adaptarse al nuevo escenario de competencia internacional.
