El Gobierno Nacional decidió anular la licitación para la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y anunció el inicio de una investigación sobre la empresa belga Dredging Environmental and Marine Engineering (Deme). La firma, única oferente en el proceso, es señalada por presuntas maniobras para desalentar la participación de otras compañías.
El portavoz presidencial, Manuel Adorni, confirmó la medida en Casa Rosada y señaló que el Ejecutivo ya está trabajando en nuevos pliegos para garantizar la transparencia del proceso. En la misma línea, Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, aseguró que se retomará de inmediato la elaboración de la documentación para una futura convocatoria.
Adorni expresó su preocupación por la influencia de distintos sectores durante la licitación, acusando a ciertos grupos políticos, empresariales y mediáticos de intentar modificar las condiciones en su beneficio. Además, apuntó directamente contra Deme, destacando la contradicción de que la empresa haya sido la principal denunciante de supuestas irregularidades en el proceso y, al mismo tiempo, terminara siendo la única en presentar una oferta.
La controversia en torno a la licitación creció luego de que se conociera que la única oferta recibida provenía precisamente de Deme, empresa que previamente había denunciado que los términos del pliego favorecían a su competidor Jan de Nul, también de origen belga. Sin embargo, Jan de Nul no participó en la licitación, lo que generó mayores cuestionamientos.
Frente a este panorama, el Gobierno decidió remitir el caso a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con el objetivo de determinar si existieron presiones indebidas de Deme hacia otras empresas o si se configuró un esquema de colusión perjudicial para el Estado y los productores nacionales. Adorni subrayó que cualquier intento de manipulación será investigado y que los responsables podrían enfrentar acciones judiciales.
El director de la Agencia de Puertos también defendió la transparencia del proceso y lamentó que una serie de maniobras terminaran frustrando la competencia en la licitación. Según sus declaraciones, en un principio hubo al menos once empresas interesadas, pero, sorpresivamente, solo Deme concretó una oferta. Arreseygor afirmó que la falta de diversidad en las propuestas impidió una comparación económica adecuada y perjudicó a los sectores productivos del país.
La Hidrovía Paraná-Paraguay es una vía estratégica para el comercio exterior, ya que por ella se transporta cerca del 80% de las exportaciones argentinas. Las tareas de mantenimiento y dragado son esenciales para garantizar la operatividad de la ruta fluvial, facilitando el tránsito de embarcaciones de gran porte hacia los mercados internacionales.
Respuesta de Deme
En reacción a la decisión gubernamental, Deme reiteró sus críticas al proceso y sostuvo que sus cuestionamientos iniciales estaban basados en irregularidades evidentes. En un comunicado, la empresa argumentó que desde el comienzo del procedimiento expresó sus dudas sobre el direccionamiento de la licitación e impulsó acciones legales y administrativas.
Deme también señaló que no fue la única en manifestar inquietudes sobre el proceso, mencionando que instituciones como la Unión Industrial Argentina, la Cámara de Puertos Privados y el Consejo Portuario habían expresado preocupaciones similares. Además, defendió su participación con el argumento de que su oferta buscaba reflejar costos reales y fomentar estándares internacionales de competitividad en el sector logístico argentino.
Reacciones de organizaciones civiles
Desde el Foro de Recuperación del Paraná celebraron la caída de la licitación y sostuvieron que el proceso estaba viciado de irregularidades. En un comunicado, denunciaron que la convocatoria favorecía a intereses privados en detrimento de la soberanía nacional y del medioambiente. Según el Foro, la intención de profundizar el dragado hasta 44 pies hubiera generado un impacto ambiental significativo, además de consolidar el dominio de actores extranjeros sobre una vía clave para el país.
En su pronunciamiento, las organizaciones remarcaron que la anulación de la licitación representa un revés para el Gobierno y una victoria de la lucha popular por la preservación de los recursos nacionales. “La entrega del Paraná es la entrega de la soberanía. La patria no se vende, se defiende”, concluyeron.
