El presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, a pesar de las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar el miércoles. Así lo oficializó el gobierno mediante el Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial este jueves.
Este decreto rechaza el Proyecto de Ley Nº 27.757, sancionado por el Congreso Nacional el 12 de septiembre de 2024. En el artículo 1 se especifica: “Obsérvase en su totalidad el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 27.757”, mientras que en el artículo 2 se añade: “Devuélvase al H. CONGRESO DE LA NACIÓN el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior”. El Poder Ejecutivo justificó su decisión argumentando que la norma “violenta el marco legal vigente”, dado que no contempla el impacto fiscal de las medidas ni identifica la fuente de financiamiento correspondiente. Además, se invoca el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que cualquier ley que incremente los gastos públicos debe especificar las fuentes de recursos para su implementación.
Asimismo, se recordó que el reglamento del Senado, en su artículo 126, establece que todo proyecto que implique gastos debe incluir una estimación de los mismos y detallar cómo se financiarán, con el objetivo de garantizar su viabilidad. De lo contrario, el proyecto no podrá ser discutido en el recinto hasta que esta información sea provista.
La decisión de vetar la ley ya había sido anticipada por la Oficina del Presidente en la red social X. En dicho comunicado, se indicó: “El Presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público para las Universidades Nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no prevea una partida presupuestaria específica y comprometa el equilibrio fiscal”. Además, se destacó la necesidad de que los legisladores “actúen con responsabilidad” y que la discusión sobre el financiamiento de las universidades debe realizarse en el marco del Presupuesto Nacional 2025.
El gobierno también lanzó duras críticas hacia los dirigentes políticos que asistieron a la marcha del miércoles. “El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes se han unido públicamente para bloquear el plan económico del Presidente. Este acto evidencia la formación de un nuevo frente populista de izquierda, enfocado en defender los privilegios de la clase política”, afirmaron.
Por su parte, el presidente Milei expresó su postura en sus redes sociales, manifestando que “la universidad pública no está en peligro, lo que está en riesgo es el botín que se reparten”, en referencia a las críticas dirigidas a la marcha.
La manifestación, que tuvo un alcance federal, reunió a estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y diversas organizaciones políticas y sindicales de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, el acto central se desarrolló frente al Congreso de la Nación, encabezado por la Federación Universitaria Argentina, el Frente Sindical de Universidades Nacionales y el Consejo Interuniversitario Nacional.
Durante la movilización, se leyó un documento titulado “La universidad pública, base de la democracia y el desarrollo social, lucha por su supervivencia”, a cargo de Piera Fernández de Piccoli, presidenta de la FUA. En este texto, se abordaron diez puntos clave, entre los que se destacan la crisis del financiamiento universitario, el rechazo a la campaña de desprestigio hacia la educación pública, la caída de los salarios, y el deterioro de las condiciones de vida de los estudiantes. También se pidió que no se vete la ley de financiamiento y se advirtió sobre el futuro presupuesto educativo para 2025.
El documento subrayó la importancia estratégica de las universidades nacionales y agradeció el apoyo de la sociedad, destacando los temas que mantienen en alerta al sistema educativo. Los puntos fueron respaldados por las tres principales organizaciones que representan a los actores del sistema universitario.
En el decreto presidencial también se detallan los artículos del proyecto de ley, como las modificaciones que afectan el financiamiento de las universidades nacionales en relación a los gastos operativos y los salarios de los docentes y no docentes.
