Tras estallar el escándalo en la Justicia Federal de Rosario luego de conocerse que un hijo de uno de los contadores que certificó trabajos para las empresas legales del capo narco Esteban Alvarado trabajara desde 2017 hasta el mes pasado en el juzgado federal Nº 4 de Rosario, a cargo de Marcelo Bailaque, el diputado Carlos del Frade le pidió explicaciones al ámbito judicial federal sobre el hecho y trasladó su repudio. También presentó un expediente en la Cámara baja del parlamento santafesino para que el cuerpo acompañe el reclamo.
“Acabamos de ingresar un proyecto de declaración de repudio y exigencia de una explicación de parte de la justicia federal rosarina en torno a las relaciones que mantiene desde hace años del juez federal Marcelo Bailaque con los contadores Gabriel Mizzau y Sebastián Mizzau, profesionales que también prestaron servicios para el asesino, narcotraficante y lavador de activos, Esteban Lindor Alvarado, cabeza visible de una de las mayores bandas narco policiales que actúan en el territorio desde hace quince años”, puntualizó Del Frade.
Para el legislador del Frente Amplio por la Soberanía: “Este cuerpo no puede permanecer indiferente ante semejante comprobación porque reactualiza la imprescindible necesidad de conocer cómo fue posible que la justicia federal rosarina no actuara sobre alguien al que se lo había señalado como uno de los principales promotores de un negocio criminal, como bien quedó demostrado en las audiencias del juicio celebrado en los tribunales provinciales rosarinos”.
“Es fundamental una postura pública de la justicia federal rosarina sobre este tema, la única forma de construir credibilidad y afianzar el compromiso con la democracia en la vida cotidiana de todo el pueblo de la provincial”, completó Del Frade.
El caso
El juez Marcelo Bailaque está acusado de haber favorecido a Alvarado y, según se pudo corroborar el diario La Nación, compartió contador con el jefe narco y contrató en su juzgado al hijo de dicho profesional. El magistrado está en la mira por haber rechazado solicitudes para la intervención de teléfonos de Alvarado y su entorno en 2013, algo que derivó en que la investigación que realizaba la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se demorara.
El periodista rosarino que dio a conocer el caso, Germán de los Santos, explicó que “la causa judicial se demoró nueve años”, tiempo durante el cual Alvarado acumuló una gran cantidad de dinero y ordenó decenas de crímenes en Rosario.
Además, el comunicador indicó que la demora en la investigación es un claro ejemplo de corrupción: “No hablamos de que el juez falló a favor del narcotraficante, sino lo que hizo fue demorar el expediente. En esa demora está la corrupción”. Actualmente, este caso está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura.
