Este miércoles se llevará a cabo una audiencia “de visu” relacionada con el caso de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano. La jueza Gabriela Sansó, quien reemplaza al recientemente jubilado juez Daniel Acosta, junto con otros dos magistrados, escuchará a los imputados y a la querella para profundizar en los detalles de la causa que revisa las sentencias impuestas: seis años a un patovica y entre nueve y doce años a dos policías, mientras que un segundo custodio fue absuelto.
Los familiares de Orellano, quien falleció ahogado en el río Paraná cerca del boliche Señor Ming en febrero de 2020, expresaron su preocupación por el cambio de juez, temiendo que esto afecte negativamente su búsqueda de justicia tras cuatro años y medio del trágico suceso.
A pesar de las inquietudes, la Fiscalía aclaró que la audiencia, programada para las 11 en los Tribunales Provinciales de calle Balcarce al 1600, será de carácter formal y no se discutirá el fondo del caso.
Salvador Vera, abogado de la querella, manifestó que el cambio de jueces el 28 de junio fue recibido con gran preocupación por la familia de Orellano, ya que revivir los hechos y volver a declarar supone una revictimización para ellos. Vera también señaló que permitir a los imputados declarar nuevamente podría ser un riesgo, considerando que ya han tenido la oportunidad de dar su versión en instancias previas del juicio.
El abogado recordó que cuando se canceló la fecha de la sentencia, la familia experimentó una gran desilusión, ya que las expectativas eran altas y había nerviosismo debido a la posibilidad de que se confirmaran o modificaran las condenas de primera instancia. Existe la posibilidad de que las sentencias sean ratificadas, incrementadas o incluso que los acusados sean absueltos.
Vera también destacó la falta de claridad en la comunicación, señalando que la familia esperó cuatro meses para una resolución que finalmente se postergó debido a la jubilación de uno de los jueces, situación que se justificó alegando que no había una mayoría clara entre los tres magistrados de la Cámara de Apelación.
La audiencia “de visu” de este miércoles genera una nueva expectativa, ya que se busca obtener una mayoría que permita llegar a una sentencia. La querella teme que las declaraciones de los imputados puedan influir en el veredicto final. Las defensas de los cuatro acusados solicitaron la presencia de sus clientes en la audiencia, a pesar de que existe una disposición que desaconseja el traslado de detenidos. Se especula que los acusados intentarán nuevamente ofrecer su versión de los hechos, como ya lo hicieron en febrero pasado y en otras oportunidades.
La teoría del caso
Según el fiscal Patricio Saldutti, los cuatro imputados agredieron a Carlos “Bocacha” Orellano la madrugada del 24 de febrero de 2020, cuando fue expulsado del boliche. Posteriormente, lo acorralaron contra una baranda, lo que provocó que Orellano saltara al río, donde murió por asfixia.
De acuerdo con las pericias, Orellano cayó al agua entre las 4:30 y las 5:00 de la mañana, y su cuerpo fue encontrado dos días después, el 26 de febrero. Según la acusación, los policías presentes en el lugar presenciaron la caída de Orellano al río y no dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes, demorando aproximadamente media hora en informar a la central del 911 y a Prefectura, pero no notificaron al Ministerio Público de la Acusación.
Además, los policías Nicolossi y Gómez abandonaron la escena sin documentar su actuación, lo que dificultó una búsqueda eficaz del joven. Posteriormente, ofrecieron declaraciones falsas, alegando que Orellano había caído accidentalmente tras recostarse entre el río y las barandas de seguridad.
En junio de 2023, los jueces de Primera Instancia Mariano Aliau, Aldo Bilbao Benítez y José Luis Suárez condenaron a tres de los cuatro imputados por homicidio preterintencional, absolviendo al cuarto. El policía Gabriel Julio Nicolossi fue sentenciado a 12 años de prisión por homicidio y abandono de persona seguido de muerte, además de falsedad ideológica de instrumento público agravada. La policía Karina Laura Gómez recibió una condena de nueve años por homicidio preterintencional y abandono de persona seguido de muerte, junto con falsedad ideológica de instrumento público, con cumplimiento de la pena en arresto domiciliario. El custodio Emiliano Oscar López fue condenado a seis años de prisión por homicidio preterintencional y abandono de persona seguido de muerte, mientras que el otro custodio, Claudio Maidana, fue absuelto por falta de pruebas concluyentes.
El fallo fue apelado por la fiscalía, las defensas y la querella, y el juicio de Segunda Instancia comenzó en febrero de 2024. Sin embargo, cuando se esperaba la sentencia final, la audiencia fue cancelada debido a la jubilación del juez Daniel Acosta.
