Luego de su viaje oficial a Brasil para participar de la jura de Lula da Silva, el presidente Alberto Fernández buscará este martes mostrar fortaleza en un acto al que fueron convocados los gobernadores provinciales en Casa Rosada. Allí denunciará formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El Jefe de Estado quiere repetir la foto con los mandatarios que logró luego del fallo de la Corte que benefició a la ciudad de Buenos Aires en su reclamo por fondos de la coparticipación federal que el Gobierno le había quitando en medio de la pandemia. Es más, a los gobernadores cercanos al oficialismo quiere sumar a los peronistas disidentes Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdona) y los que responden a fuerzas locales, aunque todavía no hay confirmación oficial de asistencias.
Una de las variantes que analiza el Presidente es la conformación de la una comisión redactora del juicio político contra Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Es decir, sumar a los mandatarios provinciales a la confección de un texto definitivo que deberá ser presentado en el Congreso, aunque el Presidente sabe de antemano que la iniciativa no prosperará: el Frente de Todos no cuenta con los dos tercios de los votos por la extrema paridad que hay en Diputados.
En este sentido, la diputada del FdT Carolina Gaillard, que preside la comisión de Juicio Político, sostuvo que la decisión de Alberto Fernández “es una de las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo para investigar” el posible mal desempeño de los magistrados, y afirmó que “el bloque del Frente de Todos tiene mayoría” en la Comisión para tramitar “la apertura” del sumario”. De todas formas, como se mencionó, no cuenta para su aprobación en el recinto.
”Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme, sumado al tema de la coparticipación y el Consejo de la Magistratura”, afirmó Gaillard en declaraciones a El Destape Radio.
Por su parte, Juntos por el Cambio se prepara para rechazar el intento anunciado por el presidente Alberto Fernández de iniciar juicio político a Horacio Rosatti, pretensión ampliada horas más tarde por el Canciller Juan Pablo Cafiero para todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La coalición opositora dejó en claro que el Frente de Todos -si lograra unidad en el criterio anunciado por la Casa Rosada- no tendrá los dos tercios de los votos que necesitaría para que Diputados se convierta en Cámara acusadora. El Frente de Todos tiene mayoría de bancas en la comisión de juicio político, pero eso no es suficiente para que el procedimiento avance.
“La trasnochada pretensión del Presidente de la Nación y el kirchnerismo, de pedir juicio político al Presidente de la Corte Suprema de Justicia es un nuevo ataque que pretende amedrentar y socavar a los poderes del Estado”, advirtió un comunicado conjunto de Juntos por el Cambio.
“Así como no pudieron con la reforma judicial la procuración general y la ampliación de la Corte a 25 miembros esta vez tampoco podrán. Estas maniobras desesperadas contra la justicia evidencian una vez más que el único objetivo de este gobierno es la búsqueda de impunidad”, señala el documento, que sin embargo no nombra a Cristina Fernández.
Zamora presentó denunció penal contra Robles
De la otra vereda, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, presentó hoy una denuncia contra Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por supuesto «tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes de funcionario público» ante las filtraciones de chats que mostrarían un vínculo entre el Gobierno porteño y ese tribunal.
En sus redes sociales Zamora dijo que hizo una denuncia penal ante el Fiscal Federal en turno de Santiago del Estero contra «el Dr. Silvio Federico Robles, vocero del presidente de la CSJN, por los S.D. de tráfico de Influencia e incumpliendo de los deberes de funcionario público, atento a la publicaciones periodísticas que han generado gran conmoción pública, sobre filtraciones de chat donde se habría arreglado el fallo a favor de CABA por el índice de coparticipación federal».
Zamora solicitó «como cautelar la inmediata entrega de sus teléfonos de uso oficial» y otros que usa habitualmente para someterlos a pericias y lograr «la pronta aclaración de esta situación que está generando una gravedad institucional sin precedentes».
