El juez de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, expresó duras críticas sobre la decisión del presidente Javier Milei de nombrar, por medio de un decreto, a los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para integrar el máximo tribunal del país. El magistrado rosarino calificó el acto como un “golpe a la democracia” y advirtió que estamos “asistiendo al funeral de la democracia”.
Erbetta sostuvo que el nombramiento de jueces por decreto es una “violación flagrante de la Constitución” y un “verdadero horror desde el punto de vista jurídico e institucional”. Recordó que, según Juan Bautista Alberdi, la Constitución debía ser la guía que orientara a la nación, pero a su juicio, “todo está al revés, nada tiene coherencia”.
El magistrado hizo mención al esfuerzo del ex presidente Raúl Alfonsín, quien trabajó para restaurar la legalidad constitucional, y destacó también las acciones de Néstor Kirchner para implementar un sistema de selección de jueces que garantizara la transparencia y la independencia del Poder Judicial.
Erbetta lamentó especialmente el silencio de quienes tienen la responsabilidad jurídica de poner freno a estos ataques a la Constitución, como los organismos encargados de controlar el poder y la política institucional, así como también de quienes, desde el ámbito académico y gremial, deben alzar la voz para defender los principios democráticos.
En ese sentido, instó a que el Consejo Nacional de Decanos de Derecho, las asociaciones de magistrados y los colegios de abogados se pronuncien al respecto, subrayando que no hay excusas para no defender la legalidad constitucional.
El juez enfatizó que la designación de jueces por decreto va en contra de los principios fundamentales de la Constitución, que establece un sistema republicano basado en la independencia de los poderes, especialmente el Judicial. Aseguró que no hay forma más grave de vulnerar esta independencia que a través de nombramientos de jueces sin el debido proceso.
Además, Erbetta recordó que la reforma constitucional de 1994 limitó el uso de los decretos presidenciales a situaciones de urgencia, solo cuando se produzcan vacantes en puestos públicos durante el receso del Congreso. En este contexto, remarcó que intentar reducir la cabeza del Poder Judicial a la condición de un simple empleado público del presidente es “humillante”.
