En un contexto donde el gobierno de Santa Fe ya venía gestionando la posibilidad de asumir el control de tramos de rutas nacionales que cruzan la provincia, la administración de Javier Milei presentó un nuevo esquema de concesión para el mantenimiento y gestión de las rutas del país. Este plan, denominado Red Federal de Caminos, implica la transferencia de la responsabilidad al sector privado con el objetivo de reducir el déficit fiscal, transparentar los gastos y equilibrar las finanzas públicas. La duda de si habrá peajes sobre la Circunvalación.
En la región, este nuevo esquema incluye el tramo denominado “Río Paraná”, que abarca más de mil kilómetros e involucra rutas clave como la 8 (que atraviesa Venado Tuerto), la 9 (en el tramo de la autopista a Buenos Aires), la 33 (que conecta Rosario con Rufino) y la avenida Circunvalación de Rosario, entre otras. Lo notable de esta medida es la disolución de la empresa estatal Corredores Viales, que hasta ahora gestionaba buena parte de la red vial del país. El gobierno justificó la decisión en el elevado déficit que la compañía arrastraba desde la gestión anterior.
Se espera que en los próximos meses se publiquen los pliegos de licitación para los 12 tramos en los que quedará dividida la red de rutas nacionales. En lo que respecta a la región, el tramo “Río Paraná” abarcará las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y San Luis, afectando rutas estratégicas como la 9 (autopista Rosario-Buenos Aires), la 33, la 35, la 36, la 188 y la 193, además de la Circunvalación de Rosario.
Por otro lado, se prevé una licitación aparte para el tramo “Conexión”, que incluye los casi 60 kilómetros de la ruta 174, correspondientes al puente Rosario-Victoria, actualmente administrado por Caminos del Uruguay.
Este cambio será implementado mediante la ley de Bases, que permitirá transferir la operación, mantenimiento y gestión de las rutas concesionadas al sector privado. Actualmente, la mayoría de estas rutas están bajo la administración de Corredores Viales S.A., una empresa estatal creada en 2017 para gestionar las concesiones que se habían otorgado en la década del 90.
En un comunicado, el gobierno explicó que la empresa estatal no pudo alcanzar los niveles mínimos de operación y mantenimiento, a pesar de los aumentos en los peajes. Debido a su déficit, las deudas de Corredores Viales fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional hasta diciembre de 2023, lo que desvirtuó el propósito original de los peajes: financiar de manera autónoma el mantenimiento de las rutas.
Para asegurar la sostenibilidad de la red vial, el gobierno nacional lanzará una licitación pública nacional e internacional, abierta a todas las empresas que cumplan con los requisitos exigidos. Este nuevo modelo, según el comunicado oficial, fomentará una mayor competencia al permitir la participación de empresas que no necesariamente pertenecen al sector vial, generando mayor transparencia y confianza en el ámbito privado.
