El Gobierno exigirá a los empleados del sector público nacional que cumplan con los requisitos legales para jubilarse que inicien los trámites correspondientes. Esta medida tiene como objetivo mejorar la gestión de los recursos humanos en la administración pública, según se detalla en la Resolución 3/2024.
La disposición, impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la dirección de Federico Sturzenegger, instruye a las entidades del sector público a notificar a sus empleados que ya cumplan con las condiciones para jubilarse. Los trabajadores deberán comenzar los trámites en un plazo máximo de 30 días. Esta acción es parte de una estrategia para modernizar y optimizar el empleo en el Estado, alineada con la Ley de Bases que busca reducir la estructura estatal y hacer más transparente el gasto público.
La resolución ordena a los titulares de las entidades incluidas en los incisos a) y c) del artículo 8º de la Ley de Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público Nacional Nº 24.156, a notificar a los empleados que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones Nº 24.241. Estos trabajadores tienen 30 días hábiles para iniciar el proceso de retiro.
El artículo 8º de la ley mencionada abarca a los empleados de la Administración Nacional, que incluye a la Administración Central, Organismos Descentralizados y Entes Públicos. Además, la resolución sugiere a las empresas y sociedades del Estado aplicar una medida similar. Esto incluye a empresas del Estado, sociedades mixtas y cualquier entidad en la que el gobierno nacional tenga una participación mayoritaria, ya sea en el capital o en la toma de decisiones.
De igual manera, se extiende la recomendación a los entes públicos excluidos de la Administración Nacional, lo cual abarca a aquellas entidades estatales no empresariales con autonomía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, en las que el Estado controle la mayor parte del capital o de las decisiones. También incluye a aquellas entidades públicas no estatales donde el gobierno tenga poder de decisión.
Esta política se alinea con los esfuerzos del Ministerio para racionalizar y modernizar el empleo público, reduciendo el tamaño del Estado y promoviendo la transparencia en el gasto.
