La moratoria previsional que permite a los adultos mayores que no completaron los años requeridos, jubilarse a través de la compra de aportes, vence este domingo. Sin ella, más de 240.000 personas no podrán acceder a una jubilación y deberán seguir trabajando o optar por la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), si cumplen con los requisitos.
La eliminación de la moratoria afectaría a 243.000 personas, y se calcula que serían 150.000 mujeres y 93.000 hombres, que no podrán jubilarse en 2025. Según el informe oficial de la Seguridad Social, en 2024, un total de 187.044 hombres alcanzaron los 64 años, mientras que 216.022 mujeres llegaron a los 59 años.

De los hombres mencionados, el 15% ya se ha jubilado, mientras que un 27% cumple con los 30 años de aportes requeridos, y otro 8% podría tener acceso a un régimen provincial. En el caso de las mujeres, el 4% ya está jubilada, un 13% cumple con los 30 años de aportes, y se estima que un 14% tiene posibilidades de acceder a un régimen provincial.
Esto significa que aproximadamente la mitad de los hombres no podrá retirarse este año a los 65 años, y la situación para las mujeres es aún más preocupante, ya que 7 de cada 10 no podrán jubilarse a los 60 años. Estos datos provienen de la Seguridad Social y están basados en los años y meses de aportes registrados en el SIPA-ANSeS desde 1994.

Las alternativas serían seguir trabajando o acceder a la PUAM, que ofrece una pensión equivalente al 80% de la jubilación mínima, mucho menos que lo que recibirían con una jubilación completa. Además, la PUAM no permite trabajar en relación de dependencia ni recibir pensiones por fallecimiento.
La PUAM también tiene restricciones, como una ausencia del país superior a 90 días consecutivos o 180 días al año, lo que puede implicar la suspensión de la pensión. Los requisitos para acceder son tener 65 años o más, ser argentino o residente por 10 o 20 años, no tener otras jubilaciones o pensiones y demostrar una situación de pobreza.

En consecuencia, la eliminación de la moratoria implicaría una de facto reforma previsional que afectaría a miles de adultos mayores, limitando sus opciones de jubilación y pensión.