A partir de la medianoche del miércoles 9 de abril, dejó de regir la concesión del servicio de peaje en el puente Rosario-Victoria, una ruta estratégica que conecta Santa Fe con Entre Ríos. La gestión, hasta ahora en manos de la empresa Caminos del Río Uruguay (Crusa), llegó a su fin sin que se anunciara una prórroga ni un nuevo operador. Mientras tanto, las barreras permanecen levantadas y reina la incertidumbre sobre el futuro del personal y el mantenimiento del corredor vial.
Desde el gobierno nacional aseguran que Vialidad Nacional asumirá la responsabilidad operativa a partir de este miércoles. Sin embargo, los trabajadores denuncian una absoluta falta de información respecto a su continuidad laboral, lo que motivó la intensificación de medidas de fuerza.
La situación afecta no solo a quienes prestaban servicios en el peaje del puente Rosario-Victoria, sino también a empleados de otros corredores viales, como la Ruta Nacional 14 y los accesos de Zárate y Puerto Yeruá. Desde la semana pasada, el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) inició un paro por tiempo indeterminado y liberó las cabinas de peaje en señal de protesta.
Leandro Bond, secretario general del gremio Sutracovi, advirtió que detrás del vencimiento del contrato hay cientos de familias en riesgo. “Después del 8 de abril, estamos hablando de al menos 500 trabajadores que se quedan sin empleo, y en todo el país serían 1.500 los afectados. El gobierno nacional actúa con total improvisación: prometen que Vialidad se hará cargo, pero los propios empleados del organismo desconocen cualquier plan al respecto”, denunció.
El dirigente también alertó sobre la falta de recursos materiales y humanos. “Vialidad hoy no tiene insumos básicos ni personal suficiente para hacerse cargo. No hay mantenimiento, no hay previsión, y ni siquiera hay definiciones claras sobre qué pasará con los compañeros que quedan en la calle sin indemnización”, expresó con preocupación.
A la falta de certezas sobre el funcionamiento futuro del peaje, se suma la tensión en las estaciones de cobro, donde la presencia gremial se mantiene activa en defensa de los puestos de trabajo. Hasta el momento, no se comunicó oficialmente si habrá una licitación futura ni bajo qué condiciones operará el servicio en adelante.
La caída de la concesión expone una situación crítica que no solo afecta la conectividad y la seguridad vial en uno de los corredores más importantes del litoral argentino, sino también el sustento de cientos de trabajadores y sus familias.
