El Tribunal Oral Federal Nº 1 de Rosario condenó este lunes a prisión perpetua a los 16 represores acusados por delitos de lesa humanidad en la ciudad y la región, en el juicio de la causa conocida como “Guerrieri IV”.
Con numerosos militantes de Derechos Humanos en la calle, los jueces Carlos Lascano, María Noel Acosta y Mariela Rojas convalidaron el pedido del fiscal Adolfo Villate para aplicar la máxima pena a los imputados entre quienes se cuentan ex militares y ex policías, todos abocados a tareas represivas durante la dictadura cívico militar desde el Batallón de Inteligencia 121, dependiente del II Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario.
Se trató del proceso por diversos delitos como secuestro, torturas, tormentos y asesinato en perjuicio de 116 personas, cometidos en centros clandestinos de detención (CCD) de Rosario, Funes y Granadero Baigorria. Esto es, La Calamita, Quinta de Funes, Escuela Magnasco y la casa quinta La Intermedia, así como también la Fábrica Militar.
Los condenados son: Pascual Oscar Guerrieri (el jefe militar que le da el nombre a la causa); Jorge Alberto Fariña; Juan Daniel Amelong; Marino González; Ariel López; Juan Andrés Cabrera; Rodolfo Isach; Walter Pagano; Eduardo Costanzo; Federico Almeder; Juan Carlos Faccendini; Juan Félix Retamozo; Enrique Andrés López; José Luis Troncoso; Osvaldo Tebez; Oscar Roberto Giai y Roberto Raúl Squiro.
La Fiscalía apuntó a la consumación de un sistema de represión en lugares donde las víctimas quedaron cautivas de manera ilegal, “sometidos a un régimen de vida incompatible con la dignidad humana y al padecimiento de tormentos tanto físicos como psíquicos, de los cuales algunos pocos recuperaron la libertad y otros fueron asesinados durante sus cautiverios, ocultándose, por parte de sus perpetradores, tanto tales acontecimientos como el destino de sus restos mortales”.
Además, el juicio tuvo la particularidad de abordar delitos con niños como víctimas, y el juzgamiento de casos referidos a un CCD que funcionó en una propiedad de la Iglesia Católica, como lo es la Casa Salesiana Ceferino Namuncurá, en la ciudad de Funes, donde al menos tres víctimas de la causa estuvieron privadas de su libertad de manera ilegal.
