El desplazado jefe de la Policía de Rosario, Natalio Marciani, fue imputado esta semana por omitir una denuncia tras conocer una información que estaba vinculada a alguien que supuestamente alguien en nombre de la jefa provincial de la fuerza, Emilse Chimenti, requería dinero entre los proveedores de bienes y servicios de la policía. Según trascendió, esto fue la gota que rebalsó entre la interna de ambos oficiales, por lo que provocó el corrimiento del cargo del octavo agente al frente de la Seccional Regional II.
El lunes 18 la propia jefe se presentó en la Fiscalía Regional Rosario a denunciar un asunto que terminó con un trámite por “incumplimiento de funcionarios público”. Dos días después a Marciani le secuestraron su celular, le requisaron la oficina y su auto particular. La misma medida se practicó para la entonces subjefa Betiana Governatori, el habilitado y un numerario de la regional.
Todo comenzó el pasado 17 de abril cuando el hasta entonces jefe de policía de Rosario se comunicó con Chimenti y le comentó a manera de infidencia que “varios proveedores de la policía de Rosario le habían dicho que el habilitado de provincia les había pedido una moneda extra” para cerrar negocios con la fuerza. Por lo que la jefa le dijo: “Bueno, denuncialo”. La respuesta de Marciani fue “no, yo tengo códigos”.
Al día siguiente la jefa de policía se presentó en la Fiscalía Regional de Rosario y 48 horas se realizó un allanamiento de la Jefatura local. Y el jueves al mediodía se concretó el relevo de Marciani.
En el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, una vez formulada la presentación, aparecía una posible omisión de denuncia que un funcionario público ante la alusión a un delito debe hacer.
La valoración del caso, a cargo de José Luis Caterina, fue que en los teléfonos podía haber detalles de eso que Marciani señalaba como un posible circuito de recaudación ilegal.
Al ampliar la denuncia Chimenti sostuvo que Marciani le sugería que a través del habilitado le estaban pidiendo a los proveedores de la policía provincial dinero extra por los insumos que estos comercializan con la fuerza.
Para sondear con qué información posible se cuenta para señalar eso, si tuviera asidero, el fiscal Caterina ordenó a la Agencia de Control Policial el secuestro de los teléfonos del binomio a cargo de la fuerza en Rosario, tanto Marciani como Gobernatori. Asimismo solicitó los del actual habilitado de Rosario, comisario Mauricio Santana y el secretario de esa repartición, Séptimo Gerlo. Todos accedieron a entregar sus celulares y además proporcionaron sus patrones de desbloqueo.
La imputación que hizo el fiscal Caterina contra Marciani no fue en audiencia dado que no es una acción que prevea medida cautelar que controle un juez.
Fuentes del trámite señalaron que el exjefe de Rosario sostuvo que la situación era puro rumor, que su intención había sido alertar a su superior de lo que estaba circulando.
El caso quedará en la nada si no puede probarse algo de lo que sugirió el rumor que aparece como lo más probable. No obstante aparece como un fuerte mensaje respecto de que un funcionario público no puede omitir denunciar un delito presunto, que en este caso involucraba a la fuerza, dado que está obligado a ello.
