El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue víctima de un robo en una de sus propiedades en la ciudad de Santa Fe, donde habitualmente trabaja y escribe sus votos durante los fines de semana. Este grave ataque es el último de una serie de amedrentamientos, hackeos y comprobado espionaje ilegal sobre el ministro, que además está acusado junto a sus tres colegas por la mayoría kirchnerista de la Comisión de Juicio Político de Diputados.
Este jueves, mientras Rosatti mantenía una reunión de trabajo en el palacio de Tribunales, un colaborador ingresó intempestivamente para avisarle que en el departamento en el que él trabaja cuando está en su ciudad habían forzado la puerta, y no se sabía si habían logrado ingresar o no.
Rosatti ordenó a personal de la Corte realizar la correspondiente denuncia policial, que se concretó en horas de la tarde ante la comisaría de Intervenciones Judiciales.
Menos de una hora después, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se comunicó con Rosatti para ponerse a disposición de la investigación y del ministro.
“Horacio tiene su casa en Santa Fe y a pocas cuadras un departamento que es su biblioteca y escritorio. El trabaja ahí cuando está en su ciudad. Todo el mundo lo sabe”, explicó uno de los colaboradores del presidente del máximo tribunal, que lo acompaña desde hace años.
“La puerta está forzada, todavía no sabemos si entraron o si falta algo. No hay cosas de valor económico ahí. Es una gran biblioteca, enorme y el escritorio de trabajo, donde escribe borradores de fallos”, aclara.
La intrusión en la propiedad de Rosatti es el último jalón de una escalada que desde el año pasado tuvo varios hechos conocidos y otros que hasta ahora no habían trascendido.
Además de la pública presión política ejercida por el oficialismo con el intento de juicio político a todos los integrantes de la Corte por su descontento con varias de las sentencias del máximo tribunal, Rosatti fue el primero de los ministros que descubrió que le habían hackeado sus teléfonos, y que además desconocidos habían tramitado seis líneas nuevas utilizando datos y domicilios personales suyos, también de la ciudad de Santa Fe.
Esas maniobras fueron denunciadas y están bajo investigación en el juzgado federal porteño de Marcelo Martínez de Giorgi, quien acumuló varios expedientes iniciados en otros juzgados y descubrió la articulación de una supuesta extensa red de inteligencia ilegal con integrantes y funciones compartimentadas para espiar a Rosatti, sus colegas de la Corte Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y un puñado de jueces que tienen en común su intervención en causas por corrupción en que Cristina Kirchner es la principal acusada.
Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, y los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 que condenó a la vicepresidenta a seis años de prisión en el caso Vialidad -Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso- son otras de las víctimas de espionaje ilegal comprobadas en la justicia.
En ese caso, además, un exhaustivo dictamen del fiscal Gerardo Pollicita descubrió la supuesta vinculación de dos funcionarios públicos kirchnerismo con el espía que habría brindado los datos de las víctimas para el posterior hackeo de sus teléfonos. Ese documento judicial señala al diputado Rodolfo Tailhade y al directivo de la AFIP y jerarca de La Cámpora Fabián “Conu” Rodríguez, cuyo teléfono fue secuestrado.
