En la Justicia Federal de Rosario se investiga a una organización delictiva por lavado de dinero. La investigación comenzó con una denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). La unidad especial de investigación dedicada a realizar y recibir denuncias, investigar y recuperar activos relacionados con crímenes económicos como el lavado de dinero luego de efectuar actuaciones preliminares radicó la denuncia en la Justicia Federal de Rosario.
La denuncia finalmente concretada por ese organismo tiene su origen en la presentación que realizara la abogada rosarina Micaela Dominguez ante la Procuraduría.
La letrada especialista en Derecho de la Insolvencia comenzó a advertir en diferentes casos por los que recibía consultas ciertas irregularidades en la constitución de las hipotecas.
Según de la denuncia de la doctora Domínguez ese accionar sería perpetrado a través de una inmobiliaria ubicada en el centro rosarino y consistiría en una actividad financiera ilegal destinada a quedarse con las propiedades de los deudores lavando de este modo colosales sumas de dinero. Según trascendió la inmobiliaria habría otorgado numerosos préstamos, actividad prohibida para este tipo de emprendimientos.
La maniobra delictiva consistiría en otorgar préstamos a deudores sin capacidad de pago y con la sola finalidad de quedarse con la propiedad hipotecada, es decir a sabiendas de que no podrían afrontar la deuda asumida. Por este motivo, los deudores terminan acudiendo al mercado financiero ilegal, ya que de otro modo, les sería dificultoso o casi imposible obtener un préstamo en alguna entidad financiera autorizada para operar en el mercado.
Ante al incumplimiento de los deudores, ejecutarían las hipotecas lo que les permitiría finalmente quedarse con las propiedades hipotecadas ya que serían los mismos miembros de la organización los que terminarían adquiriéndolas en remate.
Esta maniobra fue denunciada dos veces en el fuero provincial sin éxito, por lo que la profesional del foro rosarino decidió radicar la denuncia en la ciudad de Buenos Aires donde tiene su sede el organismo especializado en lavado de activos (PROCELAC).
La investigación se encuentra en curso y en un accionar del que no se reconocen precedentes, la justicia federal rosarina intervino dos expedientes de ejecución hipotecaria trabando medidas cautelares a fin de anoticiar a terceros que los bienes ejecutados se encontraban en litigio en el fuero penal.
Se trataría de una maniobra que presenta gravedad institucional ya que la organización criminal utilizaría juzgados de primera instancia del fuero Civil y Comercial de los tribunales provinciales para ejecutar las hipotecas, situación que les permitiría quedarse con la propiedad de los deudores adquiriéndolas mediante la compra en remate.
La mega causa se encuentra en pleno trámite y es impulsada por la fiscal federal Adriana Saccone. Se esperan nuevas medidas a la espera de resguardar los derechos de los deudores ejecutados y que perdieron sus propiedades.
