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Política

Investigan al nuevo jefe de la DGI por la compra de tres inmuebles en Miami por u$s2 M

La revelación sobre las propiedades en Miami y la estructura societaria en el extranjero deja abierto un debate sobre la transparencia y la ética en el manejo patrimonial de los altos funcionarios públicos.

Andrés Edgardo Vázquez, recientemente nombrado jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), enfrenta una polémica por la adquisición de tres propiedades en Miami valuadas en 2 millones de dólares. Dichos inmuebles no habrían sido declarados ante la Oficina Anticorrupción y fueron adquiridos mediante un esquema de sociedades en el exterior.

Con más de tres décadas de trayectoria en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Vázquez asumió el control de la DGI, el órgano responsable de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones impositivas en el país. Sin embargo, una investigación conjunta entre el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y el diario La Nación reveló que el funcionario mantiene un rol activo desde hace más de una década en empresas que poseen bienes inmuebles en Estados Unidos.

Según se detalló, Vázquez habría utilizado una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) como vehículo para controlar dos compañías registradas en Panamá. Estas empresas sirvieron, a su vez, para concretar la adquisición de los tres inmuebles ubicados en Miami, los cuales actualmente administra.

La trayectoria de Vázquez no ha estado exenta de controversias. En su historial judicial figura una investigación por presuntas cuentas bancarias no declaradas en Luxemburgo y Curazao, en las que también aparecía su hermana, Silvia Mónica Vázquez, como titular. A pesar de esto, la causa fue archivada tras el sobreseimiento del juez Ariel Lijo, debido a la falta de avances concretos en la investigación sobre su incremento patrimonial.

A sus 64 años y próximo a la jubilación, Vázquez fue designado por el presidente Javier Milei para liderar la DGI, un organismo clave dentro de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP). Desde 1999, la Ley de Ética Pública obliga a los funcionarios de su rango a presentar una declaración jurada detallada ante la Oficina Anticorrupción, donde deben consignarse bienes, propiedades y participaciones en empresas.

De acuerdo con su última presentación jurada correspondiente a 2023, Vázquez declaró la propiedad de 10 inmuebles en Argentina, obtenidos mediante ingresos personales, herencias y donaciones, además de tres cuentas bancarias en Estados Unidos con saldos inferiores a 3.000 dólares.

Pese a su perfil público, Vázquez ha sido notoriamente reservado en cuanto a su imagen. La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) logró divulgar la única fotografía conocida del funcionario, obtenida a partir de la primera página de su pasaporte. Esta cautela también se refleja en la ausencia de fotografías en sus perfiles públicos, como LinkedIn, y en su limitada presencia como figura destacada dentro de la administración pública.

La revelación sobre las propiedades en Miami y la estructura societaria en el extranjero deja abierto un debate sobre la transparencia y la ética en el manejo patrimonial de los altos funcionarios públicos. A medida que surgen más detalles sobre el caso, se espera que organismos de control y la Justicia determinen si hubo irregularidades o incumplimientos por parte del jefe de la DGI.

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