El exconcejal de Rosario Jorge Boasso (UCR) presentó el miércoles una denuncia penal en la Justicia Federal para que investigue y aplique la Ley de Quemas (Nº 27.604) para encontrar a los responsables de provocar severos daños en la salud de la población producto del humo que emana los incendios, cuyas partículas superan ampliamente el máximo tolerable sobre los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es decir 25 PM.
En carácter de ciudadano, el actual titular del posgrado de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se presentó ante la jueza Adriana Saccone de la Fiscalía Federal Nº3 para que tome cartas en un asunto tan delicado como es la quema de pastizales en un área protegida dentro del plan Piecas y sitio Ramsar de protección de humedales a nivel internacional.
“Le pedí a la jueza que era hora que el juzgado Federal de Rosario se haga cargo de esta lucha y que como particular tenía la obligación de hacer la denuncia conforme al artículo 16 de la ley de legitimación activa (Nº 26.815), puesto que es obligación de cualquier ciudadano el hecho de hacer la denuncia a la autoridad más cercana, al tiempo que le pedí que por el ‘principio de ubicuidad’ debían aceptar la competencia en esta materia”, detalló Boasso.
A su vez, expresó: “Como es de público y notorio conocimiento, los efectos de los incendios lo padecemos en la salud quienes habitamos en Rosario, es por eso que también empezaré a juntar firmas para aportarlas a la denuncia presentada”. Y afirmó que “en principio, la jurisprudencia ha aceptado este principio de ubicuidad y ahora vamos a ver la actitud y voluntad jurídica del juzgado Federal de Rosario acepte la competencia para avanzar en el tema”.
Esta nueva presentación, se suma a las dos denuncias penales elevadas por el municipio de Rosario dos años atrás y otra presentada este martes por el propio jefe comunal Pablo Javkin para reclamarle acciones concretas a la Justicia Federal a la hora de encontrar a los responsables de los incendios en el humedal entrerriano.
“Está demostrado que al Poder Judicial de Entre Ríos no les importa un carajo lo que le pasa a los rosarinos, como el caso de este ‘pelotudo caro’, como bien lo explicó Fontanarrosa —en alusión al coordinador de Defensa Civil de Entre Ríos, Claudio Fabián Daydé, quien este martes dijo que el problema de los rosarinos era que estaba gobernada por el narcotráfico para intentar desviar el foco de la atención—. Este ‘pelotudo caro’ demostró lo que es la ideología respecto a estas temáticas de río. Porque si le importaría, no estaríamos desde hace 20 años y durante todos los años con los incendios de las islas”, argumentó.
Intereses económicos
Boasso recordó que en su época de concejal, 2005, presentó un proyecto de ordenanza, que se aprobó por unanimidad, para que el municipio realice las denuncias pertinentes. “Esto obedece a intereses económicos, sin ninguna duda. La ley Nº27.604 que se aprobó en 2013 y se modificó en 2020 es buena, porque de aplicarse como corresponde, inmobiliza el bien al propietario por el lapso de 60 años, de modo que no puede vender, modificar el uso y destino de la superficie como la división, subdivisión o venta, así como la concesión, loteo, parcelamiento total o parcial, o cualquier emprendimiento inmobiliario”, aclaró.
