La Corte Penal Internacional (CPI) pidió una orden de detención del primer mandatario ruso, Vladimir Putin, acusado como presunto responsable de deportar niños en terrenos ucranianos ocupados por Rusia durante el conflicto bélico en ambos países.
Los delitos se cometieron presuntamente el 24 de febrero de 2022 y el pedido de arresto se realizó por considerarlo responsable de crímenes de guerra. Mientras tanto, días atrás, el portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov le advirtió a periosditas de Moscú que ellos no reconocen la jurisdicción ni el tribunal que los acusa.
Es la primera vez en su historia que la CPI pide la detención del presidente de una de las cinco potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: “La Sala de Cuestiones Preliminares II consideró, sobre la base de las solicitudes de la Fiscalía del 22 de febrero de 2023, que existen motivos razonables para creer que cada sospechoso es responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa, en perjuicio de los niños ucranianos”, profundizó el comunicado.
La responsabilidad individual de Putin se debe a su papel como jefe de Estado, por “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros” o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control y autoridad efectiva”, según la Corte.
La CPI también emitió una orden de detención por el mismo motivo -considerado como un crimen de guerra- contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova,comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia en Rusia, precisó el tribunal con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya.
Con esta orden ya emitida, Putin y Lvova-Belova se arriesgan a ser detenidos si viajan a uno de los 123 países miembros de la CPI porque los Estados firmantes de su tratado están obligados a cooperar con el arresto de los sospechosos. Se espera que el organismo emita una segunda tanda de órdenes de detención contra sospechosos de ataques a infraestructuras civiles alejadas de objetivos militares en Ucrania.
