La Cámara Federal de Rosario accedió este jueves al pedido de un grupo de vecinas de la ciudad para que la Justicia Federal tramite un amparo colectivo contra el Estado Nacional, buscando la restitución del Fondo del Transporte. Este fondo fue eliminado para casi todo el país, exceptuando el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
El amparo colectivo fue presentado originalmente a fines de febrero, pero el juez federal Nro. 1 de Rosario, Gastón Alberto Salmain, rechazó la acción judicial, argumentando que las vecinas no tenían derecho a reclamar. Las amparistas apelaron esta decisión y los magistrados Aníbal Pineda y Fernando Barbará de la Cámara Federal de Rosario revocaron la resolución de Salmain, ordenando la tramitación del amparo.
El Área de Litigio Estratégico de la Fundación por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (FunDESC), presidida por Roberto Sukerman, elaboró la acción de amparo colectivo. Desde FunDESC, manifestaron que la eliminación de los subsidios nacionales al transporte afecta a millones de argentinos fuera del Amba, incrementando las tarifas y amenazando la continuidad de los servicios de transporte municipales.
Según FunDESC, “la quita de subsidios nacionales al transporte afecta directamente a millones de argentinos de todo el país excepto del Amba (Capital Federal y Gran Buenos Aires) que utilizan diariamente el transporte público para movilizarse y perjudica el tejido social y productivo del país”. También señalaron que esta medida implica tarifas más altas, impagables para los ciudadanos más vulnerables, poniendo en riesgo la existencia de los servicios de transporte municipales.
El comunicado de la fundación destaca el artículo 18 del DNU 280/24, mediante el cual se eliminó oficialmente el Fondo Compensador del Interior, y menciona que, semanas atrás, el gobierno nacional dispuso un aumento de los subsidios para el Amba.
En su resolución, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario explicó que las actoras del amparo reclaman un derecho subjetivo o individual relacionado con el aumento del precio del boleto de colectivo y el daño económico que esto podría ocasionar. Además, buscan defender un bien colectivo, garantizando el correcto funcionamiento del servicio de transporte para todos los usuarios del interior del país.
El fallo de la Cámara destaca que “los servicios públicos de transporte de pasajeros son aquellos que tienen por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad en igualdad de condiciones para todos los usuarios, las necesidades de carácter general en materia de transporte”. La resolución concluye afirmando que la situación de las actoras es homogénea con la de los demás usuarios del interior del país, cuya representación invocan.
