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Un fiscal a pasos de la destitución por beneficio a abusador

La legislatura santafesina tratará el pedido de suspensión del fiscal Aldo Gerosa. Está cuestionado por su actuación en un caso de abuso sexual.

Este jueves se tratará en sesión conjunta de diputados y senadores provinciales el pedido de suspensión o destitución de Aldo Gerosa. El actual fiscal de Reconquista es cuestionado por su actuación en una causa por abuso sexual a una menor de edad

La sesión tratará una medida disciplinaria de “suspensión, destitución y/o remoción” del fiscal por su desempeño en la causa contra Marcelo Galaz, condenado por el abuso sexual reiterado contra su sobrina cuando ella era menor de edad.

Un dictamen del auditor del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, fue lo que dio inicio al proceso. Fue a partir de que Gerosa beneficiara a Marcelo Galaz, un abusador que enfrentaba una posible pena de 32 años de prisión y culminó firmando un juicio abreviado por 7 años.

El auditor había detectado irregularidades en el proceso llevado adelante por el fiscal. Según Mai, presionó a la víctima e incluso la maltrató con varias de sus acciones en el marco de la investigación. Sostiene que Gerosa revictamizó a la denunciante, “dándole un trato indecoroso, molestándola y presionándola para que firme un acuerdo de juicio abreviado sin haber velado por la salvaguarda de su intimidad, ni informarle los avances de las negociaciones con la defensa en clara contradicción al bloque de convencionalidad”.

El dictamen del auditor del MPA ingresó a la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial, que designó a la diputada Érica Hynes, del Partido Socialista, como acusadora para llevar adelante el proceso contra el fiscal Gerosa. La legisladora también dictaminó contra Gerosa.

Marcelo Galaz, el agresor sexual condenado por abusos a su sobrina entre los 4 y 11 años de edad, con quien convivía, había sido el secretario del senador Dionisio Scarpin cuando este era intendente de Avellaneda.

La investigación comenzó en 2021, cuando la joven denunció a Galaz y el juicio oral y público debía comenzar en noviembre de 2022. Galaz enfrentaba una posible pena a 32 años de prisión, tras la acusación fiscal. El día anterior al inicio del debate, el senador Orfilio Marcón estuvo en los Tribunales de Reconquista y el juicio se suspendió. Finalmente, Galaz cerró el proceso en su contra a través de un procedimiento abreviado con una condena a siete años de prisión y seis millones de pesos de indemnización. El procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, abrió un sumario al juez que homologó el acuerdo abreviado mientras que el auditor aconsejó desvincular a Gerosa.

En cuanto al acuerdo abreviado, Mai recriminó que “no haber fundamentado en dicha oportunidad la razón del cambio de calificación más favorable para el imputado ni la modificación de la pretensión punitiva en favor del mismo, sin haber motivado el fiscal al momento de la determinación de pena, cuál era la razón para que delitos que concurrían realmente entre sí sean condenados por el mínimo legal de la plataforma jurídica seleccionada en el abreviado, teniendo en cuenta la pretensión esgrimida en la acusación de 32 años de cumplimiento efectivo conforme los parámetros de los artículos 40 y 41 del Código Penal por parte del acusador público”.

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