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La Libertad Avanza encara disputa legal en Rosario por la reforma constitucional de Santa Fe

La audiencia, presidida por el juez Ezequiel Zavale, contó con la participación del fiscal de Estado, Domingo Rondina, y su equipo legal en representación del gobierno provincial. Por el lado de La Libertad Avanza, asistió el diputado nacional Nicolás Mayoraz.

Este jueves se llevó a cabo una audiencia clave en los Tribunales de Rosario, en la que se enfrentaron el gobierno de Santa Fe y el partido político La Libertad Avanza. La discusión giró en torno a una demanda de inconstitucionalidad presentada por esta fuerza política en contra del proceso impulsado para reformar la Constitución provincial.

La audiencia, presidida por el juez Ezequiel Zavale, contó con la participación del fiscal de Estado, Domingo Rondina, y su equipo legal en representación del gobierno provincial. Por el lado de La Libertad Avanza, asistió el diputado nacional Nicolás Mayoraz.

La controversia tuvo su origen a finales de diciembre, cuando los partidos La Libertad Avanza y Vida y Familia interpusieron una acción judicial contra la ley que declara la necesidad de reformar la Constitución de Santa Fe. La demanda, presentada ante la jueza Civil y Comercial de Rosario, Susana Gueiler, plantea serias objeciones sobre tres aspectos fundamentales de la normativa aprobada por la Legislatura.

Entre los puntos cuestionados se encuentra un presunto exceso legislativo al definir de manera restrictiva el alcance y sentido de las modificaciones constitucionales. También se critica el mecanismo establecido para la elección de los convencionales encargados de llevar a cabo la reforma, y se señala una discriminación arbitraria hacia miembros del Poder Judicial, quienes, según los demandantes, han sido excluidos injustamente del proceso.

El planteo de inconstitucionalidad pone en jaque uno de los proyectos políticos más ambiciosos de la provincia y abre un debate jurídico de gran relevancia. Mientras el gobierno defiende la legalidad de la iniciativa, los partidos opositores insisten en que la normativa viola principios fundamentales y requiere una revisión profunda. La resolución de este conflicto será determinante para el futuro del proceso de reforma constitucional en Santa Fe.

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