En pocas horas, la provincia se sumó a medidas importantes en el área Seguridad Pública, Servicio Penitenciario, situación ígnea y agropecuaria, mediante una ley provincial, la adhesión a una norma nacional y un decreto que espera ser refrendado este viernes por el gobierno nacional.
La acción más reciente fue el decreto de emergencia para el sector del campo que firmaron el gobernador Perotti y los ministros de Producción, Daniel Costamagna, y de Economía, Walter Agosto. La resolución establece la “situación de emergencia y/o desastre agropecuario desde el 1° de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022 a las explotaciones agrícolas extensivas y a la ganadería en general afectadas por el evento climático sequía, que se encuentran ubicadas en la totalidad de los distritos de todos los departamentos de la provincia de Santa Fe”
Tras la firma del documento, se aceleró el trámite para que el decreto esté presente en la reunión nacional que sobre el tema encabezará este viernes el ministro de Agricultura de la nación, Julián Domínguez. El objetivo es que no solo haya emergencia agropecuaria provincial sino también que el decreto nacional comprenda a Santa Fe y de esta manera haya diferimiento de tributos nacionales, pagos de créditos y ayuda de recursos monetarios.
Con esta medida, los productores inician los trámites ante la Administración Pública a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA), estableciéndose el 15 de abril como fecha límite en que deberán presentar a través del portal de la provincia los formularios de declaraciones juradas. También establece las nuevas fechas de pago de Impuesto Inmobiliario que en el caso de la primera cuota -prevista para febrero- se difiere hasta el mes de agosto.
En lo que refiere a la emergencia ígnea, el mandatario provincial firmó el decreto con la ministra de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet, a quien se le encomienda “la coordinación de las medidas que resulten necesarias y convocar a las autoridades torales, con el objetivo principal de frenar los incendios y desarrollar un plan de restauración de las zonas afectadas”.
En ese sentido, se prevén normas especiales de contrataciones de compras y trabajos públicos por la emergencia ígnea autorizando a los titulares de las jurisdicciones mediante resolución conjunta con el Ministerio de Economía, a suscribir aquellos actos de adjudicación y/o aprobación de contrataciones efectuadas en ese marco hasta un monto de once millones de pesos.
Por otro lado, a comienzos de semana el mandamás santafesino promulgó la ley 14.070 dictada en diciembre por la Legislatura que dispone hasta el 31 de diciembre de 2022 el estado de emergencia en Seguridad Pública y Servicio Penitenciario, norma surgida de proyectos propios de legisladores.
Por último, este martes se decretó en Santa Fe la emergencia ígnea en todo el territorio “con el fin de adoptar las medidas que resulten necesarias para propiciar y atender con carácter inminente la presupresión y combate de incendios, la restauración las de zonas afectadas y la prevención de nuevos focos”.
