Este miércoles, en la provincia de Santa Fe, se llevará a cabo una nueva subasta de bienes incautados en el marco de delitos. Según las autoridades provinciales, será “la más grande de la historia” desde que se creó la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). El remate incluirá 41 vehículos, tres lotes de joyas, una lancha y dos inmuebles.
En cuanto a las propiedades, una está ubicada en Funes y la otra en Roldán, ambas con un precio base de 25 millones de pesos. Estas casas ya habían sido subastadas en una ocasión anterior, pero no lograron atraer compradores. El temor de muchos potenciales interesados proviene del hecho de que las propiedades estuvieron relacionadas con organizaciones criminales, lo que genera desconfianza al momento de adquirirlas. Al ser consultado sobre este punto, el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa, afirmó que no representan un riesgo. “Clasificamos los bienes en diferentes niveles de peligrosidad. Estas propiedades han estado bajo nuestra posesión por suficiente tiempo, y evaluamos que ya no existe ningún peligro, por lo que podemos proceder a subastarlas”, explicó Figueroa. Asimismo, comentó que hay otras propiedades vinculadas a organizaciones como Los Monos o el clan Alvarado que, debido a su alto nivel de peligrosidad, no se subastan y son destinadas a otras funciones, como el uso por parte de ministerios o instituciones públicas.
Figueroa también aclaró que no todos los bienes que se subastarán provienen del narcotráfico. “Hay propiedades y objetos decomisados a personas involucradas en otro tipo de delitos, como estafas virtuales o el famoso ‘cuento del tío’,” señaló el funcionario.
Parte de los fondos obtenidos a través de estas subastas se destina a indemnizar a las víctimas de delitos, particularmente en casos de estafas. “Trabajamos en coordinación con los fiscales, quienes determinan el porcentaje de afectación que ha sufrido cada víctima. La ventaja de la agencia es que evitamos que los bienes se deprecien o terminen siendo desguazados, convirtiéndolos en dinero que puede ser utilizado para compensar a las víctimas”, subrayó Figueroa.
Esta subasta no solo representa una oportunidad para obtener bienes a precios más accesibles, sino también un mecanismo que permite reintegrar, aunque sea parcialmente, las pérdidas sufridas por las personas afectadas por delitos, demostrando así un enfoque de justicia reparadora.
