Entre principios de mayo y finales de junio, el gobierno provincial confiscó y tomó posesión de una docena de propiedades pertenecientes a organizaciones narcocriminales en el sur de la provincia, según informaron fuentes del gobierno y del sistema judicial de Santa Fe.
Estos bienes pertenecían a Esteban Alvarado y a la banda de Los Monos, y la justicia había ordenado su incautación desde mediados de 2022. Sin embargo, dicha medida fue postergada hasta que la administración actual decidió ejecutarla ante la advertencia de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación de la región II. “Es necesario interrumpir los circuitos financieros de los grupos delictivos y desmantelar la red de dinero”, se repite en las oficinas de los ministerios de Justicia y Seguridad, de Gobierno y en la propia gobernación. Ahora, las propiedades están bajo el control de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), creada en 2016 mediante la ley N.º 13.579. Esta ley establece que los bienes y efectos incautados en causas judiciales debido a delitos o contravenciones son gestionados por la Agencia.
La APRAD decidirá si estas propiedades serán subastadas o destinadas a organismos oficiales de la provincia. Inicialmente, varias de ellas, ubicadas en barrios cerrados del sur de Santa Fe, no podrán ser usadas para oficinas públicas.
Según pudo saber El Litoral, las primeras operaciones se enfocaron en propiedades del clan liderado por Esteban Lindor Alvarado. Entre ellas, tres ubicadas en un country de Roldán, otra en la zona sur de Rosario, un inmueble en Rosario donde operaba una carnicería, y una finca en Piñero, registrada a nombre de sus hijos. En esta última, además de la vivienda, se encontraron caballos, galgos de carrera y perros entrenados. “Muy similar a lo que muestran las series sobre Pablo Escobar”, comentó un funcionario presente durante la toma de posesión de estos inmuebles. La finca también tenía una sala equipada para torturas, con sofisticados instrumentos para infligir dolor. En las casas de Pérez, se descubrieron túneles que conectaban las viviendas e incluso habitaciones subterráneas usadas como escondites.
En las propiedades incautadas a Los Monos, también había caballos, galgos y un polígono de tiro. En el caso de este grupo, la justicia ordenó la incautación de viviendas en Pérez, Granadero Baigorria, Funes y la zona sur de Rosario.
“La administración está centrada en cortar la financiación de las organizaciones vinculadas al narcotráfico”, reiteraron en la Casa de Gobierno al confirmar la información. Sin embargo, no se han emitido juicios de valor sobre las razones que demoraron casi un año el cumplimiento de la orden judicial, lo que había generado preocupación entre los fiscales.
Además, el gobierno está considerando medidas para incentivar a posibles compradores a adquirir estos inmuebles. En la breve experiencia de la APRAD, ha habido reticencia entre los participantes de las subastas para comprar propiedades que pertenecieron a organizaciones delictivas por temor a represalias. En cambio, la venta de vehículos es más ágil, ya que se les cambia el dominio.
Por otra parte, la APRAD ya ordenó la compactación de mil vehículos almacenados en los depósitos de Alvear y Santo Tomé. Se indicó que una de las tareas más laboriosas fue rastrear los cientos de vehículos depositados en ambos lugares. Algunos vehículos fueron entregados a la policía y a otras agencias del Estado, mientras se está organizando una nueva subasta de vehículos para la primera quincena de septiembre. “Actualmente hay unos 500 vehículos listos en los dos depósitos”, informó un vocero, añadiendo que pertenecen a diversas organizaciones delictivas, no solo relacionadas con el narcotráfico. La ley santafesina estipula que los vehículos pueden ser entregados a la Policía, instituciones penitenciarias, educativas o asistenciales del Estado Provincial.
