Tras conocerse que el Gobierno Nacional enviaría fondos a la Universidad de Buenos Aires (UBA) descartando las otras 56 instituciones educativas de grado de todo el país, el rector de la Universidad de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, manifestó que “es un acto discrecional y de discriminación inadmisible” y no descartó que las universidades del interior acudan a la Justicia para revertir ese acto.
El aporte de dinero que realizó el gobierno nacional derivó incluso en que la institución educativa porteña suspenda la declaración de emergencia económica y financiera que había dispuesto poco antes del inicio del actual ciclo lectivo y que fue uno de los pilares que motorizó la masiva movilización de universitarios en Buenos Aires.
Incluso, fue el mismo Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) quien emitió un comunicado en rechazo de esa disposición gubernamental que dejó de lado a las universidades del interior del país: “No aceptamos que haya estudiantes de primera y de segunda”, remarcaron.
“Esta resolución del Gobierno Nacional es un eslabón más en la triste y desafortunada historia de desencuentros en un país que se reivindica como federal, pero que en la práctica no tiene nada de federal. El comunicado del CIN tiene la firmeza que esta situación ameritaba”, afirmó Bartolacci.
Bartolacci aclaró que la UNR, hasta el momento, solo recibió el incremento de fondos para gastos corrientes “anunciado del 70 por ciento de la cuota de marzo, que es el 4 por ciento del total del presupuesto que recibe la universidad”, cuando ya se conoció que las tarifas de luz, por ejemplo, han sufrido un aumento de casi el 300%.
“El acto administrativo del gobierno nacional de otorgarle el 270 por ciento de aumento a la Universidad de Buenos Aires es el reconocimiento de la gravedad del problema de todas las universidades del país. Eso es lo que necesitan de aumento la UNR y todo el sistema universitario. Ante este reconocimiento del gobierno nacional, ninguna universidad del país aceptará un porcentual menor que el de la UBA”.
“Esperamos un acto administrativo que confirme una medida similar al que benefició a la UBA para el resto de las 60 universitario. Si eso no sucede evaluamos tomar acciones institucionales, políticas o judiciales”, concluyó Bartolacci.
